Cartel mani. Salvar Agaete 10 nov

Intersindical en el Día de la bandera canaria

Wladimiro RodriguezWladimiro Rodríguez Bríto

 

En los últimos años nuestros estómagos nos han hecho más dependientes, si bien es verdad que, desde hace algo más de 500 años, las Islas han mirado para afuera cuando la sequía nos dejaba sin cereal para hacer gofio. Ahora celebramos el Halloween, con calabazas de importación además, ¿y cuándo plantamos en nuestros pueblos otra manera de hacer las cosas, ayudas para los que hacen surcos y siembran, dignificar el campo y los campesinos?

La lectura que se puede hacer es que las prioridades están, -sin decirlo-, en las elecciones de mayo. Incorporar con dinero público nuevos equipos de barrenderos, crear bancos de alimentos, mientras las tierras están sin cultivo en Barlovento, igual que en Yaiza, Adeje, Santa Cruz de Tenerife, La Oliva, etc.

En Barlovento, el huerto escolar está rodeado de un gran zarzal, y cuando hablamos en el Pleno de "mudos y mudas" del campo, el señor alcalde da el pleno por terminado. El campo es cosa del pasado. Tampoco se habla de la pérdida de población, ni de hacer el pueblo más habitable, de población y recursos, etc.

Cómo es posible que se vean papas arrugadas procedentes de Egipto o Israel en sitios como Icod de los Trigos o Barlovento, mientras las tierras productivas están cubiertas de zarzas, y nuestros ayuntamientos contratando campesinos como barrenderos.

Mientras, la señora Merkel dice adiós en Alemania, y Bolsonaro se hace con Brasil. Los acontecimientos de esta semana son preocupantes para Canarias. Angela Merkel ha jugado un papel importante en la UE durante la última década, y Alemania significa mucho en la economía de las Islas, aunque Hessen sea tres veces Canarias en población y territorio. La derrota del CDU en esta importante comarca ha sido la gota que rebosa el vaso, y Merkel tira la toalla.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar la situación en el resto de Europa, la crisis migratoria, Italia, la Europa que quiere poner murallas, y la situación con los EEUU de Trump, que ahora gana un nuevo aliado, Brasil. Puertas y cerrojos, lecturas hacia dentro, proteccionismo local. Ahora, no a los acuerdos de París contra el cambio climático, veremos deforestarse más la Amazonia.

El control de la carne mundial estará ahora en manos de Trump y Bolsonaro, ya que EEUU y Brasil son los mayores productores mundiales de alimentos para el ganado, las proteínas con las que se alimentan tanto los rumiantes como las gallinas y cochinos en América, Europa y China. Más del 80% de la soja y el maíz.

Quinientos millones de personas controlan el 80% de los alimentos clave. Qué decir de los transgénicos, de los monopolios sobre las semillas, la producción de herbicidas químicos. ¿Cómo afectará esto a la salud y la distribución de recursos, a la agricultura y el medioambiente?

Agricultura orgánica frente a los transgénicos, agricultura sustentable frente a la convencional y el cambio climático, derechos humanos y salud frente a la aplicación de mano dura como solución a los problemas sociales. Separar el medioambiente de la producción, con la Amazonia y los transgénicos por el medio.

El modelo que presentan estos países es el del mercado y el dinero, el de metralletas contra el hambre y la pobreza en la frontera con México o en las favelas de Brasil, y de dominio de la naturaleza como si fuera una mercancía.

 

Neus TomasNeus Tomas

Hoy España es un poco peor que ayer. Fiscales sin escaño pero con más poder que la inmensa mayoría de cargos electos participan en la construcción de un relato para así acusar de golpistas a unos gobernantes que han desobedecido pero que no han encabezado ningún alzamiento violento. La Fiscalía, lejos de enmendar el error persiste en él, pese a que desde un expresidente del propio Tribunal Supremo a reconocidos catedráticos no independentistas le hayan contradicho desde un principio con argumentos y Código Penal en mano.

El desgarro emocional respecto al resto de España que produjo en muchos catalanes la sentencia que laminó un Estatut que habían votado propició que cientos de miles de votos fuesen a parar al independentismo. Ahora no sabemos qué pasará, si las peticiones que se han presentado se acabarán confirmando tras el juicio. Lo que sí es fácil de prever es que una condena del anterior Govern y de activistas como Jordi Cuixart, del ahora diputado Jordi Sanchez, y del exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, rasgará aún más las débiles costuras de la sociedad catalana. Y una parte de ella seguirá alejándose de la España que ni busca ni quiere una solución para Catalunya. No es toda, cierto, pero es aquella que encarnan algunas togas y discursos irresponsables y peligrosos como el de Pablo Casado.

Oriol Junqueras y Quim Forn cumplen este viernes un año en la cárcel. Un año de prisión preventiva injusta, como lo es también la del resto de dirigentes independentistas. Claro que cometieron errores, que no contaron toda la verdad y se dejaron llevar por el tacticismo y el miedo a ser acusados de cobardes por aquellos que creyeron que el Estado se quedaría de brazos cruzados ante el riesgo de una amputación. Pero el precio a pagar no puede responder a un abuso de las reglas por parte de una judicatura que ha decidido convertirse en garante de la unidad de España por encima de esas normas que está obligada a respetar y a hacer respetar.

Nada será normal en Catalunya mientras haya políticos en la cárcel y otros que puedan pasearse por toda Europa menos por España porque se les acusa de un delito que no cometieron. No son golpistas y así lo entiende la mayoría de los catalanes. Siete de cada diez no ven justificadas las acusaciones de rebelión y sedición. Un porcentaje que ya antes del verano había crecido 10 puntos respecto al diciembre pasado.

La "desafección" de la que alertó acertadamente el president José Montilla hace ya once años no ha hecho más que aumentar y decisiones como las de la Fiscalía contribuyen a que ese desapego sea un divorcio sin marcha atrás para muchos catalanes. La independencia ni está ni se la espera (como mínimo a corto plazo). La república es un espejismo que mantiene viva la esperanza de muchos catalanes que exigen lo que ni este Govern ni ningún otro puede darles, al menos hasta que algún día se negocie de verdad un encaje para Catalunya con alternativas que no tienen que empezar y acabar solo en la autodeterminación. Pero eso no significa que vayan a dejar de ser independentistas. Ni que vayan a ser menos de casi esa mitad de la sociedad catalana que son ahora.

Muchos de los presos aseguran que tienen asumido que pueden pasarse unos cuantos años en la cárcel. Puede ser una manera de blindarse emocionalmente. Repiten también a quien quiera escucharles que nunca pedirán un indulto por un delito que no cometieron. Para ellos y sus votantes, rendirse no es una opción.

 

Chema HernandezChema Hernández Aguiar

 

“Ha habido un pernicioso cambio en la concepción de la Universidad. Ha pasado de considerarse un bien público a un bien privado”

“ En la zona del Golfo Pérsico, hay líderes que intentan crear un sistema universitario con un modelo de negocios: ellos invierten pero quieren sus retornos cuantificables. Eso está condenado al fracaso, porque ninguna universidad de primera línea, ninguna gran universidad puede tener éxito como un negocio “, afirmaba John Sexton(Presidente de la Universidad de New York, 2002-2015), 20-102008, El País

Las declaraciones de John Sexton creo que sitúan con precisión la cuestión, “ninguna universidad puede tener éxito como un negocio”.  En Canarias contamos con dos universidades públicas y tres privadas, aunque amenazan, casi ultiman, una cuarta.

Además de todo tipo de comercios educativos que ofertan universidades en el espacio cibernético.

¿Cómo es posible? ¿tenemos tal demanda que hay “mercado”, en el argot de la privada, para cinco universidades? ¿qué hay detrás o delante de este fulgor empresarial, ese interés, por la Universidad? ¿por qué algunos de los que dicen defender las Universidades Públicas Canarias aparecen como promotores de las privadas? ¿dónde está el negocio? ¿por qué determinados medios hacen constantes referencias a la supuesta baja calidad de las universidades públicas canarias y ni mencionan a las privadas?

La privatización o el apetito voraz de unos pocos

Desde hace ya unas decenas de años, se inicia una imparable cadena de privatizaciones de los servicios en las administraciones públicas, especialmente en la Sanidad, la Formación Ocupacional, Servicios de Transporte, Limpieza, Recogida de Residuos Municipales, Agua de Abasto de los Municipios, AENA y otros tantos, una estrategia permanente del empresariado en Canarias consistente en:

  1. Desprestigio continuado de los servicios que presta la administración pública, con la connivencia de algunos medios de comunicación. Nada de lo público funciona y desde que es privatizado deja de ser noticia.
  2. Como consecuencia de lo anterior, una campaña de concientización ciudadana de la conveniencia de privatizar los servicios para ofertar “un mejor servicio y más barato”.
  3. Reclamación permanente de participación del empresariado en la prestación de servicios.

    Con el tiempo transcurrido han ido copando todos los ámbitos de la administración que van desde la atención domiciliaria, pasando por la rehabilitación, a todos los niveles de la Educación.

    Pongamos un ejemplo, la sanidad:

    Durante dos décadas se ha realizado un trabajo sistemático de deterioro de la imagen pública de la sanidad pública canaria, ciertamente las deficiencias existían, pero lejos de resoverla y hacerla más eficiente, la estrategia era otra, aprovechar la insatisfacción social para privatizar y privatizada nada se ha resuelto sino ha empeorado. Me atrevería a decir que las críticas a la sanidad pública se corresponden con la publicidad pagada en los medios por las empresas privadas del sector, de tal manera que ya es común, semanal, que cuenten con suplementos encartados en los periódicos de salud y espacios de salud en los medios audiovisuales más destacados.

    ¿En qué momento estamos?

    En 2017, la cifra de dinero público invertido en sanidad privada es de 269.242.408 euros, cifra que se acrecienta en el año 2018, en estos momentos es el 10,6% del presupuesto destinado a la Sanidad Pública. De los 43 hospitales existentes en la actualidad en Canarias el 51% son privados. En 2015, de los 3644 millones de euros en gasto sanitario en Canarias, 899 millones pertenecen al gasto privado, 276 a los conciertos, en total 1176 millones de euros ingresados por la sanidad privada, la publica gastó en ese periodo 2476 millones de euros. El 32´2% ndel gasto en sanidad en Canarias fue a parar a la sanidad privada. En 2017, el canario gastó 403 euros per capita en sanidad privada.

    ¡Un auténtico dorado!

    En definitiva, la crítica sistemática y la incapacidad o la falta de voluntad política del gobierno de Canarias de mejorar y hacer más eficiente la sanidad pública hace muy rentable el negocio de la sanidad privada, que además no resuelve las deficiencias sino que se acrecientan como un gran saco sin fondo pero con un beneficiario, se diría que es una estrategia programada.

    ¿Y qué sucede con las Universidades Privadas? La Universidad, otro business.

    Curiosamente hay cierta relación entre ese auge de las empresas sanitarias privadas y la aparición de determinadas universidades, y no sólo en la estrategia, por ejemplo, la Universidad Fernando Pessoa mantiene importantes lazos afectivos, digámoslo así, con la sanidad privada.

    Al margen de esta “casualidad”, la estrategia del empresariado es la misma que con la sanidad, son  los beneficiarios de que se deteriore  la imagen de las universidades públicas y beneficiario de un auge de la oferta privada, si  lo hubiera.

    De hecho se prodigan en sostener que no existe conexión entre la Universidad Pública y el mercado, resulta esta idea curiosa cuando llevan años nutriéndose, por ejemplo en Sanidad, de las ingentes cantidades de fondos que invertía lo público en formación, desangrándola de profesionales o compartiéndolos de forma cuanto menos algo dudosa éticamente.

     

    ¿Realmente apoyan la Universidad pública los grandes empresarios canarios?

    Analizamos algunas de las fórmulas universitarias privadas.

    Universidad Fernando Pessoa, Canarias.

    Realmente la empresa que gestiona la marca Universidad Fernando Pessoa  Canarias es Máster de Conocimiento SL, uno de cuyos directivos, Antonio Rodríguez  Rodríguez , lo es también de su embrión original, del Centro de Estudios Técnicos Superiores del que hasta 2010 formó parte  también Mario Rodríguez  Rodríguez,  ambas con el mismo domicilio social c/ La Juventud s/n – Universidad Fernando Pessoa (Santa Maria de Guia de Gran Canaria )

    Dicha universidad, en sus estatutos, recoge:

    MÁSTER DEL CONOCIMIENTO SL ostentará la personalidad jurídica de la Universidad, siendo la titular de todos los derechos y obligaciones inherentes a su personalidad, sin perjuicio de que comercialmente opere la denominación de Universidad Fernando Pessoa Canarias (en anagrama UFP-C), conforme a la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias Ley 1/2014 de 15 de mayo de reconocimiento de la universidad privada.

    Es así que el Gobierno de Canarias firma un convenio de colaboración con la marca con la que opera comercialmente Máster de Conocimiento SL, que además estaba inscrita a dos de enero de 2018 en la zona ZEC de Canarias. Dejo un interrogante:

    ¿ Es el gobierno de Canarias coparticipe de esta fiebre privatizadora de la Universidad?

     

    Fragmento del convenio:

    “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA-CANARIAS, PARA EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA-CANARIAS, Y TÍTULOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.


    En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2018.

    De una parte, Dña. Soledad Monzón Cabrera, Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, nombrada por Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros del Gobierno de Canarias (BOC nº 133, de 10 de julio), con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 96, de 1 de agosto).

    Y de otra, D. Antonio José Rodríguez Pérez, con DNI nº 78510390M, en su condición de Rector de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, en virtud del acuerdo adoptado por el Órgano de Gobierno de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, con domicilio en Santa María de Guía, calle De la Juventud, s/n.”

     

    Otra Universidad, la Universidad del Atlántico Medio, vinculada a la Fundación Bravo Murillo, reúne en su seno a gran parte de los grandes empresarios de Gran Canaria, Jürgen Flick, Alberto Cabré, Eustasio López, Adolfo Núñez, Germán Suárez, Agustín del Castillo, Miguel Ángel Ramírez. A ella, igual que alguna de las mencionadas convendría detenerse en otro artículo.

    La Universidad del Atlántico Medio, antes Universidad Internacional de Canarias, según afirma el Observatorio del Sistema Universitario, (11 de julio 2017):

    “Esta universidad privada con ánimo de lucro está autorizada por el Parlamento de Canarias desde el 04/01/2015 y disponen de un Plazo de 2 años para la verificación de los títulos oficiales de super oferta (Ley 5/2015 ).
  • A pesar de que en la página web de la universidad ofrece Diversas titulaciones (entre las cuales 5 Grados y 4 másteres), a día de hoy No tiene ni un solo título verificación y registrado en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos) .
  • El Parlamento de Canarias ha acordadas otorgarle una prórroga de 3 años más ( Ley 2/2017).”

    Consultado el RUCT, a día de hoy no aparece ninguna titulación registrada.

     

    Universidad del Atlántico Medio

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    Títulos impartidos en la universidad

    Ningún registro encontrado.
  • ¿Caben dudas del apoyo manifiesto del gobierno a las Universidades Privadas?

     
  • Antes de  cerrar este artículo me llega la siguiente noticia publicada por el DÍA, el Gobierno de Canarias aprobó en septiembre, hace unos días, las siguientes titulaciones:
  • La Universidad Europea de Canarias se han autorizado el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; el Grado de Enfermería; y el Máster Universitario en Dirección y Gestión Hotelera.

    En el caso de la Universidad del Atlántico Medio han sido autorizados el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía; Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas; Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria; Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales; y Grado en Comunicación.

Jorge Dorta

Jorge Dorta

Hace unos días salía publicado en prensa que casi la mitad de la población de Canarias vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Curioso para una Comunidad Autónoma que ha sido, junto a Baleares y Madrid, uno de las comunidades que más han crecido tras la crisis. 

Pero analicemos las cifras un poco mejor, Canarias tiene alrededor de 2,1 millones de residentes actualmente. Según el octavo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias unas 844.000 personas, o lo que es lo mismo, el 40,2% de la población residente en Canarias, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2017.

Para que te hagas una idea, Gran Canaria tiene 843.000 habitantes. Por tanto el tamaño de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias es mayor a la de toda la población actual de la isla de Gran Canaria. Pero veamos esas cifras un poco mejor.

En Canarias hay 2,1 millones de personas, pero canarios solo hay 1,5 millones porque el resto son extranjeros de los cuales unos 175.000 son españoles y 371.600 de otras nacionalidades. Podemos asumir que la inmensa mayoría de esos 175.000 colonos españoles residentes en Canarias tienen su trabajo y viven bien aquí. Esos no están en riesgo de exclusión; son funcionarios en su mayor parte, o directivos, o empresarios o con empleos estables que les proporcionan los españoles con negocios en las islas. 


De los 371.600 de extranjeros de otras nacionalidades tenemos a los que proceden de la UE que son unos 160.000, esos también viven bien, pensionistas, jubilados o gentes con empleos en el sector turismo sobre todo. Así que nos quedan unos 212.000 extranjeros no comunitarios. Aquí tenemos a los chinos, dueños de múltiples negocios, desde la típica tienda de chino hasta peluquerías, restaurantes, bares, etc.. que gracias a las exenciones fiscales que se les dan van desplazando a la población local y quedándose con los pequeños negocios que antes eran de canarios. También están otros extranjeros como los rusos y gentes de Europa del Este, a los que España les vendió el pasaporte y que tienen una posición acomodada con negocios y propiedades.

Finalmente existe una parte de extranjeros no tan acomodada que son los pocos que viene en pateras, sudamericanos, rumanos que trabajan en la agricultura, etc... y de esos una parte esta en riesgo de exclusión social. Así que, siendo muy muy generosos, podemos estimar que de esos 212.000 extranjeros la mitad, unos 100.000 pudieran estar en riesgo de exclusión... y repito estamos siendo muy generosos.

Si a las 840.000 personas en riego de pobreza y exclusión social le restamos esos 100.000 extranjeros nos quedarían unos 740.000 personas, canarios nativos, en riesgo de exclusión social que serian nativos canarios. Si esos 740.000 nativos lo dividimos entre el 1,5 millones de canarios que hay en las islas nos da que el 50% de los nativos canarios están en riesgo de pobreza y exclusión social.

Quizás los canarios deberíamos dejar de ser tan solidarios con los de fuera y empezar a ser un poco mas solidarios con nuestros hermanos y compatriotas. Estas cifras no son fruto de que seamos 
islas ni majaderias por el estilo. Canarias ha sido https://menceymacro.blogspot.com/2018/10/el-saqueo-de-canarias.html" id="LPlnk480536" class="x_OWAAutoLink" style="margin:0px; padding:0px; border:0px; font:inherit; vertical-align:baseline">una de las comunidades que más ha crecido dentro de España,... la explicación a todo esto es que Canarias es una http://menceymacro.blogspot.com/2015/10/canarias-mercado-cautivo-la-cuba.html" id="LPlnk102358" class="x_OWAAutoLink" style="margin:0px; padding:0px; border:0px; font:inherit; vertical-align:baseline">colonia turística y de mercado cautivo, que los https://menceymacro.blogspot.com/2018/10/el-saqueo-de-canarias.html" id="LPlnk285392" class="x_OWAAutoLink" style="margin:0px; padding:0px; border:0px; font:inherit; vertical-align:baseline">colonos no paran de llegar, que los beneficios no se quedan en Canarias, que hemos vendido nuestra tierra y nos han vendido a nosotros,... que el REF nos corta las alas y el estatuto ultraperiferico es una camisa de fuerza.... que unos pocos se aprovechan ilegítimamente de esta situación, que el resto está mas perdido y despistado que el barco del arroz.. que el canario no entiende el sistema en el que vive y es un ignorante ignorantado... y que los que se propugnan como alternativa dan mas miedo que confianza.

Cinco de cada diez canarios nativos están en riesgo de pobreza y exclusión social.... y ahora vete a hablarme de que tenemos que ser solidarios, de que somos ciudadanos del mundo, que España nos protege y todas esas machangadas ...

 

 Jose Farrugia de la RosaJosé Farrujia de la Rosa

“El mejor profeta del futuro es el pasado”

Lord Byron

El pasado 17 de octubre, el Parlamento de Canarias abrió el período de enmiendas para la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, una ley que, si bien es cierto que supera a la normativa actual en esta materia, presenta algunos problemas de fondo.

La vigente Ley 4/1999 de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, nació obsoleta. El tratamiento del patrimonio en la referida Ley desarrolló lo establecido en la Ley de 1911 de Excavaciones y Antigüedades, posteriormente reiterado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. En este sentido, en el caso del patrimonio arqueológico, por ejemplo, la ley canaria insiste en el dominio público de todos los objetos arqueológicos, aborda su documentación, a través de las cartas arqueológicas, o expone una serie de herramientas jurídicas para impedir la degradación de los bienes del patrimonio histórico. Frente a esta línea continuista, la novedad aportada por la Ley 4/1999 residió, básicamente, en la regulación de los parques arqueológicos (Artículo 63), definidos como sitios en donde existen yacimientos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Zona Arqueológica, que son abiertos al público para facilitar su disfrute (espacios libres de uso público).

Casi 20 años después de la entrada en vigor de esta Ley, muchas de sus medidas han resultado ser poco operativas. En este sentido, por ejemplo, una vez reconocida y declarada como tal una Zona Arqueológica, se interrumpen ahí la mayoría de las iniciativas de protección.En la práctica no se incide en su estado de conservación. La declaración de una Zona Arqueológica no implica su apertura al público, ni que finalicen en el lugar las actividades expoliadoras que, lamentablemente, son muy frecuentes en los yacimientos canarios.

El Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias que se debate estos días presenta problemas de fondo similares, aún no superados. Pero quizás, el principal defecto reside en el protagonismo que los municipios tendrían en materia de gestión patrimonial, tal y como se establece en el “Artículo 17. Competencias de los Ayuntamientos”. Conforme se recoge en el referido apartado, todos los ayuntamientos de Canarias deben “crear unidades de patrimonio para elaborar, gestionar y mantener los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales”; así como “formular, tramitar y aprobar los planes especiales de protección que establezcan la ordenación de los bienes de interés cultural…”

El reparto de competencias ha sido, secularmente, uno de los problemas centrales en las leyes de patrimonio. De hecho, tras la entrada en vigor en 1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas fue uno de los temas más conflictivos. El punto básico de fricción residió en la atribución a la Administración del Estado de la competencia para declarar BIC, función considerada por las comunidades autónomas como invasión de competencias. No fue hasta la aprobación del Real Decreto 64/1994, por el que se modificaba el Real Decreto 111/1986, que se introdujeron algunas modificaciones, entre ellas, la que establecía que las declaraciones de BIC mediante Reales Decretos (procedimiento exclusivamente estatal) sólo serían necesarias para los BIC estatales. Las comunidades autónomas, por tanto, pueden declarar sus BIC sin la intervención de la Administración Central.

El protagonismo que se pretende atribuir ahora a los ayuntamientos canarios en el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias atomiza, fracciona, aún más si cabe, la gestión del patrimonio de nuestras islas. Hasta la fecha, no ha existido en nuestra Comunidad Autónoma una política patrimonial de verdadero alcance regional. La articulación de nuestro territorio en 8 islas ha influido, pero, sobre todo, ha sido decisiva la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias (1982) y el desarrollo, desde entonces, de políticas patrimoniales de corte insularista, enarboladas desde cada cabildo insular.

Ahora, con la nueva propuesta, las responsabilidades de buena parte de la gestión del patrimonio recaerían en los 88 municipios canarios. Esto generaría, sin duda, una multiplicidad de criterios dispares, a la hora de gestionar el patrimonio y ralentizaría, aún más, la propia gestión. Además, se abren muchos interrogantes y dudas al respecto: ¿cuentan todos los municipios canarios con la capacidad técnica para desempeñar estas funciones?,¿habrá solvencia económica para la materialización de esta política?, ¿se verán abocados, buena parte de los ayuntamientos, a externalizar este servicio, con el sobrecoste que ello implica para las arcas municipales?,¿habrá entendimiento entre aquellos ayuntamientos de distinto signo político, que comparten, por ejemplo, una Zona Arqueológica que pertenece a sus respectivos términos municipales?

En el caso del municipio de San Cristóbal de La Laguna, Patrimonio Mundial de la Humanidad, la gestión del patrimonio se externalizó entre los años 2005 y 2014 y se delegó en una multinacional:Arquitectura, Urbanismo y Cooperación. Su labor ha sido ampliamente criticada por las actuaciones realizadas en el entorno de la Plaza del Adelantado (en especial, la construcción de los nuevos juzgados), el derribo de casas terreras o la modificación de callejones del siglo XVI, así como por el elevado coste de sus servicios. El aumento de las franquicias y la consecuente caída de pequeños y medianos comercios locales fueron, también, algunos de los daños colaterales de esta gestión en la ciudad de Aguere.

Resulta inevitable, además, no ver paralelismos entre el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y la discutida Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales. Básicamente porque la Ley del Suelo modificó sustancialmente el control ambiental de los proyectos. No ha desaparecido del todo la supervisión del Gobierno de Canarias, por ejemplo, para aquellos de carácter estructural, pero se deja en manos de los ayuntamientos y cabildos los procesos de evaluación ambiental de gran parte de sus proyectos. Para ello, las corporaciones locales necesitan crear sus propias Comisiones de Evaluación Ambiental y dotarlas de los recursos y personal necesario para gestionar estas nuevas competencias. Y todo ello en un momento de especial dificultad de las entidades locales para dotarse de nuevo personal y de presupuesto. ¿Sumamos a este complejo proceso las unidades de patrimonio municipales que contempla el referido Proyecto de Ley?

Otras de las competencias atribuidas a los ayuntamientos en el referido Artículo 17 de la Ley de Patrimonio Cultural, sí que parecen adaptarse más a la realidad administrativa y a la capacidad de gestión municipal, tales como la vigilancia del patrimonio cultural existente en su término municipal; elevar a los cabildos insulares iniciativas en materia de protección y conservación; promover, junto con los cabildos insulares, la creación de los parques arqueológicos y etnográficos; y difundir y divulgar los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias que radiquen en su término municipal.

Igualmente, cabe destacar que la preocupación de los poderes públicos por el patrimonio ha propiciado que todas las expresiones y manifestaciones artísticas entren en el campo del Derecho. Es más, los bienes culturales reciben un tratamiento jurídico acomodado no sólo al interés estético que despiertan, sino también al interés social, económico y simbólico que se les atribuye desde el poder. En este sentido, la modificación de la Ley de Patrimonio de Canarias, sin que buena parte de los propios ciudadanos haya comprendido previamente cuál es el patrimonio cultural que atesora nuestro Archipiélago, aboca al fracaso algunas disposiciones legales, en particular la relativa al régimen sancionador por los daños cometidos contra el patrimonio cultural (Artículos 132-148: tipos de infracciones, responsables, sanciones, obligación de reparación…). La necesidad de endurecer, tipificar y aplicar medidas sancionadoras a los posibles infractores es obvia, pero en la práctica, su mayor o menor aplicación dependerá, necesariamente, del éxito de las propias políticas de educación y divulgación que se desarrollen sobre el patrimonio cultural desde el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos.

En suma, la gestión del patrimonio debe ser acorde a la realidad política y administrativa del Archipiélago, y debe tener en cuenta la realidad social inmediata, básicamente porque Canarias, en pleno siglo XXI, no puede fragmentar aún más la gestión de su patrimonio cultural… y no puede seguir creando más islas dentro de las islas.

J. BethencourtJaime Bethencourt

En el marco de su estridente campaña para contrarrestar el bajo nivel de aceptación que tienen en la sociedad palmera, el Astrofísico del Roque de Los Muchachos nos presenta ahora un estudio que concluye que la astrofísica aporta a la economía canaria el triple de lo que las instituciones aportan a sus instalaciones. A falta de conocer el contenido del informe encargado a la ULL, la credibilidad profesional de sus autores y el dudoso rigor con el que el mismo ha sido realizado, las evidencia de los hechos se nos antojan mucho más fiables. Garafía, El municipio en el que se asienta las instalaciones, continúa siendo el más pobre del conjunto de Canarias, ello en una isla en la que el paro continúa estando por encima de la media del Archipiélago. Pero además, hemos sabido que, durante muchos años, el "benemérito" complejo de observación del Roque de Los Muchachos, ha venido cometiendo un monumental fraude a la hacienda municipal garafiana al evadir el pago de impuestos al que viene obligado por cada una de sus diversas instalaciones. Esa deuda histórica se sitúan en varias decenas de millones de euros.

A falta de que nos aclaren con más precisión dónde están los puestos de trabajo creados y quiénes han sido los receptores de los beneficios económicos que dicen haberse producido, sí que existen datos tangibles sobre los perjuicios no tasables pero si de incalculable valor social, histórico, medioambiental y paisajístico como el daño quelas instalaciones observatorias han causado al valiosísimo patrimonio arqueológico, o la amputación de un espacio de alta significación ambiental catalogada por los organismo internacionales como único por la presencia de especies naturales protegidas. Súmese a ello, la grave contaminación por emisión de residuos sin depurar que se han estado vertiendoen el amplio espacio que ocupan las instalaciones que albergan los telescopios, aún hoy sin corregir, o la más perceptibles obscuridad que, durante la noche,impone a toda la isla la llamada "Ley del cielo".

Estas negativascircunstancias no es óbice para que los responsables del Instituto Astrofísica de Canarias y el conjunto de cómplices instituciones canarias continúen promoviendo la colocación de más y nueva chatarra en esta “epidemia” de artefactos de observación en el singular balcón de la Caldera de Taburiente, con unos inconvenientes que, a la vista está, superan con mucho a las inapreciables ventajas de la investigación astrofísica.


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Valeriano Weyler

Sin titulo 2

QUEDARSE SIN NADA

 

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