Benito MaceiraBenito Maceira

El Gobierno de Canarias acaba de habilitar 11 millones de euros para mejorar los servicios de urgencias. Lo justifica porque la demanda es creciente y, según nuestro consejero de Sanidad, este año “los picos han sido terribles”. Hace muchos años que la demanda es progresiva, llena de picos terribles cada vez que nuestra creciente población entrada en años, con su salud pegada con saliva, sufre los embates de nuestros benignos inviernos. El espectáculo vergonzoso de las urgencias hospitalarias absolutamente desbordadas, con una indigna promiscuidad de enfermos aparcados en los pasillos y con interminables esperas para ser atendidos, es cada vez más frecuente. De seguir así, hasta los garajes tendrían que acomodarse para nuevas unidades de urgencias. Aunque quizás a algún empresario avispado se le ocurra proponer montar una red privada de servicios de urgencias, que por una módica cantidad le ahorre al ciudadano el suplicio de las urgencias públicas. El negocio sería sustancioso y el alivio de la Administración indescriptible.

¿Nuestros responsables sanitarios se han preguntado por qué ocurren estos colapsos? Si lo han hecho, no nos lo han contado y, sobre todo, no han tomado medidas para intentar arreglarlo. Se limitan a poner remiendos cuando la situación se vuelve escandalosa.

En mi opinión, el caos de urgencias es el reflejo del preocupante deterioro de la salud de los canarios, gestionado por un modelo de atención sanitaria dominado por la inmediatez, la perentoriedad, el apuntalamiento del enfermo surgido de una sociedad que no se ha beneficiado de política alguna de promoción de la salud ni de medidas preventivas para evitar las enfermedades crónicas no transmisibles, en su mayoría cardiovasculares (obesidad, diabetes, hipertensión, aumento de grasas en sangre, etc.), que constituyen la mayor causa de mortalidad y motivan un gran número de visitas a urgencias.

El recrudecimiento de estas enfermedades es claramente ambiental, con escasa participación genética e íntimamente ligadas al estilo de vida impuesto por el modelo de desarrollo del sistema que nos gobierna.

El desarrollismo capitalista en Canarias entró con el turismo. Supuso una transición brusca desde la miseria, el hambre, las enfermedades carenciales e infecciosas a una espectacular mejoría de la calidad de vida, donde el comer estaba asegurado, pero lo que se comía estaba impuesto. Al ir desapareciendo la agricultura de autoconsumo, fresca, de temporada, ya no se comía lo que se tenía en el cantero -ahora abandonado-, sino lo que había. Y lo que había era una comida industrial, manipulada, poco nutritiva, hipercalórica, diseñada para entullar a la población y a un precio tal que fuera asequible para los bajísimos salarios pagados y asegurara pingües beneficios.

Si simultáneamente el gasto de calorías se redujo drásticamente (se “quemaba” mucho menos en el sector servicios) y la comida fue desplazada en la escala de valores por el consumismo (lo que se come no se ve, pero sí el coche aparcado en la puerta), y a todo ello le ponemos la guinda de la absoluta falta de cultura nutricional y de práctica de ejercicio, ya tenemos en marcha la locomotora que mueve todas las enfermedades cardiovasculares, que no es otra que la obesidad.
Si no fuera una desgracia, los canarios podríamos presumir de la locomotora más potente de Europa (30% de obesidad), que arrastra unas vagonetas repletas de enfermedad y de sufrimiento humano, donde destaca la de la diabetes y, dentro de ella, la más preocupante, la de la diabetes infanto-juvenil. La situación de la diabetes en nuestras islas es escandalosa: se nos mueren tres veces más diabéticos por complicaciones que la media nacional.

¿Y por qué tenemos tanta obesidad y sus enfermedades satélites? Sin duda alguna, porque tenemos muchísima pobreza; cerca de la mitad de los canarios (el 44,6% ) está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¡No nos podemos acostumbrar a este terrible dato! Está palmariamente demostrado que es la situación socioeconómica el factor de riesgo de más peso en la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Es lo que llamamos el gradiente social de las enfermedades: a medida que se desciende en la escala socioeconómica (ojo, incluyendo las clases medias), más se sufren estas enfermedades. Este gradiente opera en cualquier país (hay cientos de estudios que lo demuestran), pero es más notorio cuando la pobreza se da en el seno de una sociedad con patrones macroeconómicos de país desarrollado, es decir, dentro de una situación de gran desigualdad social como es el caso de Canarias. Tras la minusvalía social, a corta distancia, se encuentra el factor de riesgo del sedentarismo, que, dado el panorama laboral actual, también está muy ligado con la situación socio-económica del individuo.

Para empezar a mejorar la desastrosa situación sanitaria de nuestra tierra no podemos seguir practicando la actual medicina de desembocadura, poniendo puntales carísimos para mantener en pie a los enfermos destrozados por las complicaciones de todas estas enfermedades crónicas. No podemos empezar a actuar cuando el individuo está enfermo y menos cuando ya está complicado. Tenemos que recurrir a promocionar la salud de la población e implementar políticas serias de prevención hasta ahora inexistentes. Hay que prevenir, hay que construir una presa que contenga los problemas de base e impida los astronómicos gastos y el inmenso torrente de sufrimiento humano que suponen estas enfermedades. Para ello se tiene que empezar por reconocer que las causas troncales de la gravísima y progresiva epidemia de obesidad, diabetes y demás enfermedades son sociales y que, por lo tanto, la solución tiene que pasar forzosamente por políticas sociales que las neutralicen.

La trágica realidad es que, a pesar de que la situación sanitaria de la población es alarmante, a pesar de que están perfectamente deslindados los motivos de la misma, no se hace prevención. Europa se gasta en políticas preventivas el 3% del presupuesto sanitario. España, sobre el 1% ( incluyendo las vacunas), y Canarias probablemente menos…

No se hace prevención porque está prohibido: el estamento financiero-bancario-empresarial, el verdadero dueño del mundo, el que representa al salvaje capitalismo neoliberal que nos gobierna, El Padrino, tiene dadas órdenes estrictas de que las cosas sigan como están. El reconocer la pobreza como pilar principal del problema es desestabilizador y políticamente incorrecto; la pobreza es un factor de riesgo no modificable… Tomarse en serio el implantar verdaderas políticas preventivas supondría poner en peligro las astronómicas ganancias generadas por la comida procesada (basura), por la industria farmacéutica, por el inmenso negocio en torno a la obesidad, por las tecnológicas medicas, etc. Además, se podría quedar sin argumentos para continuar con la canibalización de la Medicina Pública a través de su política de descapitalización, desprestigio y desmontaje de la misma. Parece claro que no tiene la más mínima intención de hacerse el harakiri…

El Día Mundial de la Salud parece una magnífica ocasión para recordar que para torcerle el brazo a El Padrino es necesario una verdadera revolución ciudadana: solo con la creación de una masa crítica suficiente que amenace a la clase política gobernante con la pérdida del poder a través de los votos comenzarán a practicarse medidas preventivas eficaces y solo entonces empezarán a mejorarse y dignificarse los servicios de urgencias como reflejo de la mejoría en la atención sanitaria de nuestra población. No podemos tolerar que se antepongan los intereses de El Padrino al derecho a la salud de nuestra población.

Wladimiro RodriguezWladimiro Rodríguez

Leemos en la prensa una serie de medidas que aplican las autoridades portuguesas como prevención de los incendios forestales, lo cual nos parece de interés para nuestro Archipiélago, dado el clima y los peligros de ambas realidades geográficas. Canarias tiene mucho en común en el plano físico, con veranos largos y secos, diferenciándose de Portugal en que, aquí en las Islas, los montes públicos son mayoritarios, mientras que en Portugal se fueron privatizando tras la Revolución de los Claveles de 1974.

En el país vecino existe una gran explotación maderera, con monocultivo de eucaliptos, mientras aquí domina la vegetación natural, sin apenas actividades forestales en nuestros montes.

En ambas regiones, además, hay poca gestión para la retirada de material combustible. En Portugal, a las empresas particulares sólo les interesa la madera, y no hacen silvicultura, mientras que en Canarias se han suprimido los usos tradicionales, pues no hay interés económicos (leña, horquetas, ramas para el ganado, etc.), y en contadas ocasiones se hacen rozas, en parte por la crisis del mundo rural, en parte por una política conservacionista rígida. El resultado final es que tenemos la mejor masa forestal en la historia de los últimos 400 años en Canarias. Sin embargo, los recursos humanos que demandan el cuidado de algo más de 120.000 ha son muy pobres.

Las medidas portuguesas no son aplicables directamente aquí, ya que los montes son mayoritariamente públicos, y a los privados les hemos limitado los usos, y en consecuencia el interés ambiental ha de proteger la naturaleza de las Islas, sin distinción de la propiedad.

Sin embargo, si es posible tomar referencia de algunas líneas de actuación recientes de Portugal, en las que, por ejemplo, se obliga a los particulares a la limpieza del monte, con fecha limite el 31 de mayo, con implicación para el cumplimiento de las medidas de la Guardia Republicana (GNR, equivalente a la Guardia Civil), aplicando multas de hasta 120.000 ?. Más importante que las medidas, nos parece la actitud de los responsables políticos que las aplican, el socialista Antonio Acosta, al que también respalda el presidente, el conservador Marcelo Ravelo de Sousa, unidos por el compromiso ambiental, separando el conflicto electoral.

En Canarias la situación se complica, no solo por las miserias de la vida política, sino también por tener que contar con tres administraciones con competencia en la gestión del monte.

Entendemos que los cabildos han de dotarse de más recursos humanos para hacer prevención en nuestros montes, ya que las plantillas existentes no cubren un mínimo de las demandas de los mismos, sea retirando combustible, mantenimiento de pistas cortafuegos, red de aguas, etc., etc. Entendemos que la situación de Portugal es la consecuencia de la mala gestión de los montes privados, de lo que también podemos aprender. Más del 50% de los incendios en la UE se produjeron en Portugal el año 2017.

No es bueno esperar a las desgracias para acordarnos de Santa Bárbara; que si helicópteros, que si hidroaviones? todos los recursos son necesarios, pero la prevención es básica. Demandamos más personas y, por supuesto, mejorar las relaciones con los campesinos, fomentando los usos tradicionales, con cultivos de las zonas próximas al monte. Qué decir de lo que ha hecho el Cabildo de Tamarán, legalizando la trashumancia en sus montes, después de más de cuarenta años en lucha por un uso, hoy suspendido en el resto de las Islas.

El monte también sufre la crisis agraria porque está rodeado por campos de cultivos, cubiertos de maleza, donde han nacido muchos incendios en los últimos años.

Espero que los responsables públicos en Canarias pongan más recursos para gestionar la mayor superficie forestal de las Islas, con casi el 30% del territorio, gestionado por una docenas de cuadrillas. Nuestra naturaleza demanda más recursos y menos adjetivos, más vale prevenir que curar.

Entendemos que hay que hacer leyes más tolerantes con los usos tradicionales, ya que gestionamos el mejor monte que han tenido las Islas en mucho tiempo, y ello requiere gestión humana: campesinos, agricultores y pastores, vida en los pueblos, no aldeas sin vida, como ocurre en parte de Portugal. Las más de cien mil hectáreas de monte del Archipiélago son la resultante de una gestión sabia y comprometida de nuestra gente con la naturaleza. En época de penurias, con muchas carencias, cuidaron nuestros montes, con usos que hoy no permitimos. Dignifiquemos, pues, la sabiduría de los campesinos

 

Jose Farrugia de la RosaJosé Farrugia de la Rosa

 

El “fenómeno” del grafiti forma parte de nuestra memoria histórica. En los últimos años se ha ido asumiendo que esta forma de expresión de la cultura popular, más o menos espontánea, forma parte de nuestro patrimonio. No en vano, se han planteado proyectos para la conservación de esta forma patrimonial, como es el caso del East Side Gallery del Muro de Berlín. También se organizan exposiciones, seminarios, congresos, actividades y jornadas que fomentan su producción y estudio, reconociendo su valor artístico y cultural, como el festival Poliniza que organiza la propia Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, existen numerosas publicaciones de estudios y proyectos de investigación centrados en inscripciones arqueológicas de todas las épocas en distintos marcos geográficos. Estas investigaciones se centran tanto en el estudio iconográfico, como en su contenido iconológico, indagan sobre la naturaleza fisicoquímica de los elementos constituyentes de dichas inscripciones, atienden a cuestiones de tipo conservativo e incluso plantean intervenciones restaurativas. Podemos encontrar publicaciones sobre grafitis prehistóricos, de la antigüedad grecolatina, medievales, modernos o contemporáneos.

En los últimos años, el grafiti también ha proliferado como parte de acciones vandálicas contra el patrimonio cultural, a escala mundial, al alterarse, con consecuencias nefastas, realizaciones culturales previas. Si bien en la actualidad no hay una definición tajante respecto a lo que es Arte Urbano, Street Art, grafiti y Arte Público, sí que existe una clara definición para el grafiti vandálico: se refiere a aquellas pintadas o grabados que dañan al patrimonio cultural. Las acciones vandálicas pueden estar relacionadas con manifestaciones de protesta, marchas, eventos públicos, etc., y generalmente están realizadas sin ninguna intención artística. A pesar de ser manifestaciones anónimas, estos grafitos tienen un impulso autobiográfico y su razón es la autoafirmación del yo. Paradójicamente, a través de estos grafitis vandálicos también podemos obtener datos en el ámbito de la psicología, etnografía, cultura y sociología que no pueden ser obtenidos de otro modo.

Son múltiples los casos en los que las pintadas han afectado, intencionadamente, a bienes patrimoniales protegidos por la ley: pintadas en muros incas en Cuzco (Perú), en 2004; pintadas en los paneles rupestres del parque arqueológico Piedras de Chivo Negro, en Bogotá (Colombia), en 2015; pintadas en los edificios históricos de Morelia (México) desde hace décadas; pintadas en los muros de la Naveta des Tudons (Menorca), en 2018, y un largo etcétera. En el ámbito canario, también son múltiples los ejemplos. Entre otras, están: las pintadas en el yacimiento rupestre de Barranco del Muerto, Añaza (Tenerife), en el año 2008; las pintadas en un yacimiento paleontológico de Haría (Lanzarote), en 2018, o las más recientes realizadas en el yacimiento rupestre de Montaña de Jaifa, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), hace escasos días.

Esta afección de los paisajes culturales también comparte una respuesta globalizada a escala mundial: repulsa por parte de la Administración pública competente, enfado en las redes sociales, entrada en vigor de medidas cautelares y/o revisión de las ya existentes, organización de talleres y jornadas de concienciación, etc.

El acto vandálico perpetrado hace escasos días en Montaña de Jaifa, con la pintada de la bandera española sobre un panel rupestre de época indígena, pone de manifiesto, una vez más, la práctica irresponsable del grafiti y la apropiación indebida y anónima del patrimonio cultural canario que, huelga decir, es un bien social, pertenece a la comunidad. Los paisajes culturales son esencialmente construcciones multidimensionales, resultado de la interacción de estructuras históricamente determinadas con las personas que actualmente los intervienen y habitan.

Pero el acto vandálico de Montaña de Jaifa también pone de manifiesto otra realidad: la pintada de la bandera española sobre un panel rupestre acontece en un territorio como el canario, secularmente dividido, además de por el océano, por el nacionalismo, el independentismo y la consideración del Archipiélago como nación, frente al Estado español. El grafiti, a priori, podría tener, por tanto, una clara intencionalidad política: la anulación de la identidad indígena y, por consiguiente, de una seña de identidad nacionalista. Esta realidad, unida a la también secular problemática en torno al separatismo catalán, de actualidad en estos últimos meses, quizás permita entender el importante eco que la noticia de Jaifa ha tenido en prensa y en redes sociales. En este sentido, otros actos vandálicos acaecidos en Canarias, en otro contexto político menos “caldeado” y con grafitis apolíticos, han pasado desapercibidos para los medios de comunicación, para la opinión pública y para la propia Administración competente. Cabe destacar, en este sentido, el expolio del yacimiento rupestre de Aripe (Guía de Isora) en el año 2001, con la pérdida de varios paneles. Hoy en día, este enclave señero de Tenerife sigue desprotegido.

Patrimonio cultural y esencias patrias parecieran ser el trasfondo del acto vandálico en Jaifa, cuando lo cierto es que, paradójicamente, según la información que se ha ido filtrando por algunas fuentes, todo apunta a que a “alguien” del lugar le molestaba que la gente subiera, reiteradamente, a ver los grabados… y encargó la pintada.

En este territorio de volcanes y salitre, en esta sociedad atlántica y mestiza, la incultura también ha terminado por apropiarse de determinadas “iconografías patrias”, y peor aún, de un patrimonio que debería estar protegido por la Administración competente, para su disfrute por parte de la comunidad.

Fco Javier Gonzalez Perez 4.2018Francisco Javier González

Cristina Cifuentes ha mentido alevosamente sobre su titulación de máster. La “regeneradora” del PP, que ha utilizado su influencia política para que se falsificaran registros y certificaciones por parte de la URJC, ha logrado, a pesar de la evidencia de sus falsedades, contar no solo con el apoyo de los Rajoy’s Boys, sino con el sostén vergonzante y las tácticas dilatorias de los otros “regeracionistas” de C’s. Desde luego que es patente la “degeneración” de tanto “regenerador”. Volvemos a traer a la memoria las “Catilinarias” ciceronianas adaptadas a estos berringallos ¿Hasta cuando estos guirres carroñeros abusaran de nuestra paciencia? Evidentemente, hasta que desde la calle se lo impidamos.

La pregunta que muchos nos hacemos es si la corrupción generalizada del partido del gobierno, con la aquiescencia del otro con el que  componen la derecha más reaccionaria y retrógrada de los sucesores de Franco, se extiende a toda la Universidad española o, si la basura que aflora de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, es el reflejo de la imagen que parece indicar su desprestigiado nombre demérito de ese rey, se circunscribe solo a la misma y no es extensible al resto de la institución universitaria.

Lo de la URJC urge una aclaración más allá del escándalo Cifuentes porque no se trata de un acto aislado. Evidentemente ni puede ni debe alcanzar al alumnado que, con esfuerzos y sacrificios, cursa en ella –o en cualquier otra del Estado- sus estudios y ve, estupefacto, como un alto cargo político “regenerador” utiliza los canales de reptiles para lograr, sin el más mínimo esfuerzo, el mismo objetivo, ni a aquel profesorado que cumple con sus obligaciones y ve, inerme, como sus superiores enlodan y prostituyen todo su esfuerzo académico y el propio nombre de su institución, pero si hay que airear la basura para que el aire contaminado se vuelva respirable.

Un análisis somero de la URJC arranca desde su constitución. Era, en 1996, la sexta de la Comunidad de Madrid que presidía, entonces, Alberto Ruiz Gallardón. Desde su fundación se la conoció como “la Universidad del PP” por ser el “echadero” académico de muchos titulados próximos al PP. Allí paró, como ejemplo, la prima del presidente comunitario, Isabel Ruiz Gallardón;  el “prestigioso” periodista Francisco Marhuenda, director del inefable periódico “La Razón” y exjefe de gabinete del inmutable Rajoy, profesor en el área de Historia del Derecho y las Instituciones; la sobrina de Jaime Mayor OrejaIsabel Mayor; la cuñada del otrora Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, encarcelado desde 2014 por su relación con la Gürtel y la Púnica y que, a su vez, implicaba a Cristina Cifuentes en la trama de financiación ilegal del PP…

Algunos casos  merecen atención aparte y enlazan con el máster fantasma. Uno es el de Margarita Cifuentes Cuenca, hermana de la autora del fantasmagórico máster de la vergüenza.  Margarita, a sus 55 años, había ejercido toda su profesión como Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Comunidad que rige, vergonzantemente, su hermana. Margarita parece ser en algunos aspectos el antecedente inmediato de su hermana Cristina. En 1992 obtiene plaza en la Escala Administrativa de la Complutense, accediendo en 2002 a la Escala de Gestión Universitaria, la misma de la que procede Cristina y en 2005 solicita el traslado como PAS a la URJC. Licenciada en Geografía e Historia decide, en 2016 siendo ya su hermana Delegada de Gobierno, realizar su doctorado. Elige, por supuesto, la URJC, con fama de coladero pepero, a la que el gobierno de su hermana financia con un presupuesto de alrededor de 130 millones de euros, con unos 1.500 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y más de 600 administrativos del PAS que rigen, casi manu militari, destacados peperos. Como era de esperar es el propio rector, Fernando Suárez Bilbao, medievalista, historiador del derecho y plagiario convicto y confeso, quien dirige su tesis sobre “El Imperial Alejandro” que presenta en 2016. Recién leída, y antes de que comience el curso, el rector Suárez le firma un contrato como Profesor Visitante textualmente “para que aporte sus conocimientos y la experiencia docente e investigadora”. La figura de “profesor visitante” está perfectamente definida por la ley. Tienen que ser de reconocido prestigio en su especialidad, proceder de otra universidad, no prolongar su estancia como tal más de dos años y otras condiciones. Justamente, ninguna de las cuales cumplía Margarita Cifuentes, aunque, desde luego, tampoco cumplía –ni cumple- ninguna la propia universidad. La clave está en que la contratación de un profesor visitante no precisa de ninguna  explicación ni concurso. Es totalmente un privilegio del rector. En un centro normal no sobrepasan los profesores visitantes el 1% del claustro, pero en la URJC alcanza más del 20%.

La sombra protectora del plagiario Suárez es  alargada. El pasado marzo la URJC contrató irregularmente  -como suele hacer- a su hija Mª Alejandra Suárez en una convocatoria expres, urgente y sin publicidad. Usos y costumbres del staff directivo de esta prestigiosa universidad del PP.

El rector Suárez Bilbao, uno de los “héroes” de esta tragicomedia, condenado por más de una docena de plagios comprobados  que tuvo que dimitir por ese “pequeño” motivo, era la mano derecha y uno de los vicerrectores de Pedro González Trevijano, que dejó el puesto al ser nombrado por Rajoy como magistrado del TC junto al cavernario magistrado Enrique López. Cuando González Trevijano se presentaba como candidato para su tercera legislatura frente al profesor David Ríos, encargó al actual rector Javier Ramos –sucesor designado a su vez por Fernando Suárez Bilbao- que sobornara al profesor Ríos para que retirara la demanda interpuesta por el mismo contra la candidatura de Glez-Trevijano. El intento de soborno se hizo a través de otro catedrático del equipo de Ríos, Antonio Alonso, que grabó todo el intento. El rechazo de Ríos provoca el cumplimiento de la amenaza de “Don” Pedro Glez Trevijano de desmantelar  todo el departamento del Dr. Ríos, desmantelamiento  que duró los siguientes dos años hasta su desaparición. Puro comportamiento mafioso, por muy profesores universitarios que sean los autores. David Ríos acusó al rector Trevijano, hoy conspicuo magistrado del TC que decide, por ejemplo, sobre el “Procés catalá”, de quedarse con comisiones de hasta 400.000 euros.  Trevijano se negó a entregar al juez el listado de gastos porque “ya estaba auditado” y se acabó la historia.

Para enfangar más a todo este colectivo “intelectual” de los cargos rectores de la URJC, el actual rector, Javier Ramos, el pasado junio, en la cafetería de profesores del campus de Móstoles, se sentó junto al profesor Antonio Alonso y le dijo que apagara el móvil y la grabadora. Le comunicó que iban a contratar 300 nuevas plazas sin transparencia y cada departamento a quien le diera la gana… La discusión se fue agriando hasta que el pulcro rector saltó, y señalando a Alonso le gritó “Eres un hijo de puta…deseo que toda tu familia se divorcie de ti”. El que quiera la inteligente y educada conversación completa recurra al enlace del Diario.es

¿Puede alguien sentir extrañeza de que en este modélico entorno pepero se rectifiquen notas dos años después de no presentarse a las asignaturas, se falsifiquen actas, se aprueben máster inexistentes y otros pequeños apaños de la Cifuentes o de los rectores sucesivos? Para redondear el retrato indicar que el catedrático que ordenó cambiar las notas de la aún Presidenta madrileña, Pablo Chico de la Cámara, el pasado septiembre volvió a contratar para su departamento de Derecho Público a Daniel Ortiz, exalcalde pepero de Móstoles que tuvo que abandonar su puesto en la Asamblea de Madrid de la Sra. Cifuentes por su implicación en la trama Púnica por la mordida de un contrato de 75 millones de euros con la empresa Cofely de la red mafiosa. Todo encaja si se tiene en cuenta que el catedrático Chico de la Cámara estuvo en la nómina de Ortiz en Móstoles y que Ortiz acaba de hacer su tesis doctoral, imprescindible para su contrato como profesor, bajo la dirección ¿de quién? Pues, como no, del profesor Chico, el de los aprobados en diferido. El nuevo Profesor Visitante de la URJC, “reputado especialista” con “dilatada experiencia”, es hoy profesor en media docena de carreras de la URJC.

A todas luces queda reafirmada el repetitivo sonsonete de la “regeneradora” Cristina Cifuentes: “Yo lo tengo muy claro: frente a la corrupción, tolerancia cero”.

Cati Darias Delgado copiaCati Darias Delgado 

Ciertamente los empleados públicos, los docentes, la clase trabajadora en particular y los canarios en general, somos tratados por el Estado español como algo de usar y tirar. Las cifras hablan por sí solas en cuanto a niveles de paro, precariedad laboral, brecha salarial, pobreza, índices de analfabetismo, niveles de salud, modelo energético, superpoblación, falta de soberanía alimentaria y todo aquello que convierte a Canarias en un país en vías de desarrollo, sólo comparable a otras naciones tercermundistas        

Nos resulta complicado entender que desde una posición sindical canaria se haga una defensa insuficiente de la estabilidad en el empleo público de un colectivo profesional, por otro lado tan imprescindible en la formación de nuevas generaciones que puedan impulsar el tan ansiado y necesario cambio social para nuestra tierra. No se trata sólo de permutar, en un remedo de negociación con los responsables del gobierno canario que se ha mostrado como pernicioso alumno aventajado del trato dispensado por la metrópoli, la prolongación de la inestabilidad en el empleo a cambio de la permanencia de los que ahora están a cualquier precio, porque la avalancha de foráneos vendrá en una, dos ó tres oleadas si nos limitamos a escalonar la consolidación de plazas. Se trata, más bien, de abanderar aquello que alguna vez dijimos en cuanto a proteger y estabilizar a los trabajadores canarios por su singularidad, mediante  una Ley de Residencia, en una nación como Canarias con los niveles mal altos de desempleo

            Siendo los docentes el caso que nos ocupa, sabiendo a qué se dedican, siendo ajustados los datos sobre temporalidad y con una problemática paralela a la del resto del sector de servicios públicos en cuanto a la descapitalización para favorecer las concertaciones y romper la equidad, no hay que olvidar que la sensibilidad y la fragilidad de nuestras raíces identitarias están en juego y son también un factor que, cómo nuestro medio ambiente, requiere especial protección y de ahí la necesidad de establecer filtros en la docencia al acceso de foráneos sin vínculo alguno con nuestra idiosincrasia y maneras que colaborarán a desdibujar en el alumnado las señas de su identidad, comenzando por el propio modelo de léxico o comunicación hablada.

            En atención a lo planteado, tal vez, sería más correcto exigir para el acceso a una plaza de enseñante determinado recorrido curricular, experiencia profesional y un perfil competencial relacionado con lo nuestro, con la idiosincrasia de nuestro pueblo y su identidad y arraigo para acceder al ejercicio de este tipo de puestos. ¡Casi nada lo que nos jugamos¡ El desarraigo de nuestros hijos y la continuidad de un acervo cultural establecido a través de la formación reglada.

            Lógicamente, la precariedad no va a desaparecer si quienes consolidan el empleo, de una, dos o tres tandas, vienen del Estado español. A través de comisiones de servicio, retornarán a sus lugares de origen, dejando en Canarias más empleo precario, más temporalidad. A través de los listados de contratación, éstos justificarán la no concurrencia a ofertas cortas de contratación, mientras para el canario quedan los restos.

 

Wladimiro RodriguezWLADIMIRO RODRÍGUEZ BRITO

Leer lo que ocurre en la piel de este municipio, y la relación de sus vecinos con el territorio, pone de manifiesto que el mundo agrario sufre un síndrome cultural de valores mucho más complejo que el manido tema campo-ciudad, que, indudablemente, ha creado desiertos demográficos en numerosos puntos de la "piel de toro".

Cuando analizamos lo que ocurre en el campo lagunero (tierras sin campesinos, red de riego, establos en abandono, maleza en zonas con viña, glifosato para sustituir a la cava), encontramos que el factor humano, su cultura, sus valores, sus prioridades se han alejado del campo, de la naturaleza, o quizás nunca han estado con lo rural, con sus problemas y sus ventajas.

Hablamos mucho del bolsillo y poco de calidad de vida y de alimentos sanos. La modernidad y la moda la asociamos a las máquinas, a los agrotóxicos y herbicidas que eliminan las supuestas plagas de la naturaleza, alejados del sacho confiamos en el merry y el tractor. Mientras en la zona europea la Francia de Macron plantea eliminar el uso del glifosato del campo francés, aquí y ahora, gran parte de los viñedos no los cavamos, y solo ponemos "quema-yerba". Fincas que hace unos años eran un vergel ahora son un erial con el suelo planchado, donde el agua no infiltra y se seca, y esto ocurre tanto en La Laguna como en muchos otros municipios de nuestra geografía canaria.

Hoy por hoy existe un alejamiento del campo por parte de nuestros jóvenes como nunca se había dado en los ciclos de la economía canaria. La cultura que transmitimos a nuestros jóvenes desde la familia, la escuela y la política, disocian campo y progreso, campo y modernidad, futuro, progreso, prosperidad. Campo es pasado, trabajo, torpeza y miseria, disociamos campo de alimentos, salud, progreso, modernidad, futuro digno y más seguro.

No es solo cuestión de dinero, hay numerosas actividades que exigen sacrificios sin contrapartidas económicas y tienen éxito, los caballos, los perros, coger olas y el surf. Es más, hay familias que tienen una actividad agraria funcionando y no tienen continuidad familiar, mientras los herederos sufren los problemas de una sociedad de consumo cargada de pretensiones de difícil atendimiento por la administración y asuntos sociales.

La Laguna tiene un patrimonio de suelo con buenas instalaciones de riego en la costa, red de tuberías, canales viarios, pozos, red de Balten, u otras más modernas como la depuradora recién inaugurada. Una cultura agraria de las más dinámicas de la Isla, que fue un emporio de hortalizas, flores, plantas ornamentales, mejorando humanamente con técnicos universitarios, lo que da lugar a un enclave económico, apoyado en una actividad que podría ser rentable y que puede dinamizar nuestra sociedad, haciéndonos menos dependientes, con unos territorios y unas islas más cuidados, más prósperos.

No se entiende campos balutos, bancos de alimentos y paro. Se asemeja al modelo venezolano, con campos sin cultivar, miseria y hambre. Aquí tenemos que dignificar el campo, nuestros jóvenes han de entender que la modernidad no está reñida con el campo, que se puede ser moderno y campesino, que se puede vivir de lo que da la tierra, que lo rural no es cosa del pasado, de un mundo de ignorancia y marginalidad. No es bueno el modelo de la Venezuela saudí, que ha producido la actual situación. Aquí y ahora, hemos de dignificar el campo, y para ello tienen que incorporarse miles de jóvenes en una agricultura más respetuosa con la naturaleza, con tierras en las que el tractor, el merry y el sacho sean más compatibles con la dignificación de la vida en el campo.

No tenemos que hacer un máster en ciencias ocultas para vivir del campo, podemos ser modernos y campesinos, tenemos que romper con muchos complejos para dignificar el mundo rural. La administración tiene que poner instalaciones, con modelos que funcionen, que dignifiquen la actividad agraria y que permitan vivir de ella, desde los colegios hasta la universidad. Las máquinas nos ayudan, pero las manos de campesinos no se acomplejan por ser más ásperas, todo lo contrario.

En La Laguna hay posibilidades para generar trabajo y riqueza, en un agro que tiene un importante papel en la agricultura canaria, aunque tiene muchas tierras balutas con muchos jóvenes con alergia al campo. Tenemos que plantar y sembrar.

La creación de bancos de tierra, poner recursos de semillas, asesoramiento técnico para orientar a los jóvenes y que aprendan a pescar. No olvidemos la figura clave de Pedro Molina y cómo logró salvar la vaca del país, dignificando social y económicamente a los ganaderos en la cooperativa