Pilar Vera copia copiaPilar Vera

Cuando el pasado 6 de febrero, desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, viví la votación de la aprobación de la creación de una comisión de investigación sobre la tragedia del vuelo JK5022 pasaron por mi mente, de golpe, los nueve largos años que llevo de presidenta de la AVJK5022 y el motivo por el que me puse la Asociación, su lucha, sus problemas y la herencia de su primer año de vida, a mis espaldas?

Durante todo ese tiempo me he enfrentado con más voluntad, talento y generosidad, que recursos a un sinfín de problemas derivados de la propia tragedia: no es suficiente con el tremendo dolor de ver como la muerte de 154 inocentes no ha servido para nada porque ni siquiera se ha puesto en evidencia y revisión al mismo sistema que las provocó, sino que además siguen insistiendo aquellos que disfrazados de samaritanos pretenden 'ayudar'.

La aviación civil española en estos diez años que hará de la tragedia del JK5022 el próximo 20 de agosto ha elevado sus números a cifras vertiginosas: pasajeros, vuelos, compañías aéreas, etc? Sin embargo no se ha detenido ni un segundo a extraer de esta catástrofe aérea los conocimientos para la seguridad de todos los que utilizan el avión como medio de transporte, esencial en la vida de los insulares canarios.

Y cuando todos la daban por enterrada -siguiendo el camino que marcó vergonzosamente la Audiencia Provincial de Madrid al archivar en "sobreseimiento libre" la investigación penal que durante más de tres años se instruyó en el Juzgado número 11 de Madrid- resulta que el trabajo constante, vehemente y la seguridad de creer que estábamos en el camino correcto nos ha llevado a entrar en el Congreso de los Diputados que, mediante la creación el pasado 18 de abril de una comisión de investigación, la situará nuevamente en el ojo del huracán: dijimos el 31 de julio de 2011, cuando se hizo público el Informe Final de la Ciaiac, que era un enorme fracaso institucional; el 19 de septiembre de 2012 que el archivo en sobreseimiento libre era en falso y que jamás cicatrizaría una herida que supuraba injusticias y mentiras.

Mientras algunos cerraron página sin leer siquiera su contenido otros se resignaron a que perder a sus seres queridos era cuestión de mala suerte, que nunca se iba a conocer la verdad y mucho menos a obtener justicia sobre la mayor catástrofe aérea de los últimos 30 años en nuestro país. Solo la profunda convicción de que esta lucha desigual que desde la AVJK5022 lidero tenía que llevar a algún lugar y es, por ahora, el Congreso de los Diputados.

El transporte aéreo en España tiene muchos focos, colectivos, intereses, instituciones, etc?, acompañarnos en los aniversarios, alguna palabra de ánimo, pero eso sí, sin darnos visibilidad ni amparo, no fuera a ser que les 'pegáramos' nuestra desgracia. Porque en eso nos han convertido: en la cara amarga del fracaso institucional, profesional y social que supuso aquel triste 20 de agosto de 2008 en el que fallecieron 154 personas y sobrevivieron 18, en algo que hay que ocultar por vergüenza propia y ajena.

Solos hemos llegado hasta aquí pero también con el apoyo de muchos municipios canarios, de tres parlamentos autonómicos, de personas dentro de las estructuras de partidos políticos diversos a título personal. La batalla ha sido durísima pero hemos dado ejemplo de perseverancia, tesón y de compromiso moral con una catástrofe que nunca debió ocurrir.

A todos cuantos creen que España no tiene remedio porque la corrupción es el azote actual y futuro de generaciones venideras, les digo que no es verdad, que la sociedad civil tiene en sus manos la posibilidad de transformarla, y que lo fácil es rendirse buscando excusas que sería mejor ponerlas en la puerta de cada uno por si alguien las quiere y se las lleva.

Lo verdaderamente difícil es permanecer durante diez años luchando por los valores que no cotizan en el mercado persa de las vanidades españolas, por sacrificar la vida en aras del bien común, de cerrar los ojos ante tanto egoísmo. Porque de una manera o de otra, el Estado que falló estrepitosamente aquel llorado 20 de agosto y después, nos empujó a la disyuntiva vital de olvidar y vivir o de vivir sin olvidar para lograr lo que debió hacer y no ha hecho: extraer de esta tragedia el conocimiento para la seguridad de todos, evitando que vuelva a suceder por similares causas.

He sacrificado los últimos nueve años de mi vida por este casi imposible empeño de lograr verdad y justicia, otros en mi lugar hubieran abandonado, pero llevo casi 40 años viviendo lejos de mi querida Gran Canaria y creo que se lo debo por muchas razones: por tantos vuelos casi sin

incidencias de ida y de vuelta, de viajes por los cinco continentes, por tantas familias, amigos, conocidos que vuelan a menudo, tenía que tratar de evitar en la medida de lo posible, más muertes inútiles. Y aunque me desespero, no he podido dejar en el camino la responsabilidad de saber que lo que ocurrió tiene responsables contra los que no clamamos venganza, sino simplemente que salgan del sistema: son nocivos para la seguridad de todos los usuarios del avión como medio de transporte.

Y esa comisión de investigación en el Congreso tiene que servir para esclarecer la verdad, identificar la cadena de errores en el sistema que provocó la tragedia (*) de 172 personas que se subieron al vuelo JK5022 y sus familias. Quedarse a medias, sucumbir a las presiones de los enterradores de esta catástrofe para todo un país, sería matarnos otra vez.

A los que tienen miedo de recordar decirles que no es posible olvidar y vivir, que el tiempo no cura, solo merma el dolor porque la cicatriz de estos casi diez años supura con tanta fuerza que sólo la paz de sentir que se ha hecho todo y más ayudará a seguir viviendo lo que nos reste de vida.

He asumido el proceso de todos estos años y aunque como ser humano no he sido insensible a la soledad y egoísmos de los vivos, es más fuerte la generosidad de llegar al resultado por 154 inocentes que no eligieron su trágico destino y por todas las vidas que podrán salvarse con una seguridad aérea revisada en nuestro país, que cualquier otra inclinación por justificable que sea.

Y todo por ellos? que están en algún lugar?. siempre en nuestros corazones.

(*) Un accidente cualquiera se produce por un fallo humano, una tragedia aérea cuando se fía a la estadística llegar a destino pero se culpa al ser humano, una tragedia aérea cuando se fía a la estadística llegar al destino pero se culpa al ser humano de las deficiencias e incumplimientos que la provocan.

 

J.L. HernandezJosé Luis Hernández

E l ayuntamiento de La Laguna, mediante una moción de Unid@s se puede, ha acordado instar al Parlamento de Canarias a iniciar el debate para la elaboración de medidas legislativas, tendentes a la mejora de la actividad turística y la preservación del medio ambiente, que contemplen la creación de un impuesto para el turismo sostenible (ecotasa), con un carácter finalista que garantice la competitividad, la calidad y la sostenibilidad de la actividad.

Se convierte así en la primera Corporación municipal de Canarias en dar ese paso, después de que también lo hiciera el Cabildo de Lanzarote.

El fenómeno de masas en que se ha convertido el turismo en la inmensa mayoría de los países conlleva grandes beneficios de todo tipo, pero también desajustes y serias afecciones sociales y ambientales que es conveniente tener en cuenta.

En Canarias asistimos desde la década de los ochenta a un auténtico boom turístico, que, con una especie de trashumancia económica de las medianías hacia la costa, desde la agricultura hacia el turismo, generó un importante avance de la economía y también una transformación muy importante de nuestra sociedad. Ese fenómeno también traía de la mano un serio impacto en la forma de vida de la población autóctona y en general en el medio ambiente, con un incremento considerable de la presión sobre el territorio.

En los últimos años, el aumento sostenido, que no sostenible, de la actividad turística en Canarias se ha visto impulsado por la situación de inestabilidad política en el área del norte de África y en general en el Mediterráneo oriental, alcanzándose cifras de récord que afianzan al sector como una verdadera industria, en realidad la principal industria en las Islas. Los crecimientos sostenidos anuales desde 2010 son superiores al 6%, suponiendo más del 34% del PIB, acaparando el 40% del mercado laboral y alcanzando cifras próximas a unos 16 millones de turistas en 2017.

Las administraciones públicas tienen en las políticas ambientales y fiscales potentes instrumentos para garantizar una organización social más respetuosa con el medio ambiente y también para favorecer una adecuada redistribución de la riqueza. Son eficaces herramientas para minimizar el impacto del turismo en zonas de alta concentración turística o en territorios frágiles. Y nuestras islas lo son por estar mediatizadas por su condición insular y por su origen volcánico, aspectos geográficos que determinan una capacidad de carga que no deberíamos perder de vista.

Los municipios tienen un papel clave en el desarrollo del turismo, pero también tienen que soportar gastos y responsabilidades (seguridad, promoción, información, mantenimiento de espacios y atractivos turísticos, transportes, mantenimiento urbano, gestión de residuos, energía, personal, formación, actividades culturales...), que afectan a sus economías y por tanto a la posibilidad de atender las necesidades globales de la población residente.

En todo el planeta son muchos los países, ciudades o zonas turísticas que aplican una tasa o un impuesto para recaudar recursos que se destinan a mitigar los efectos negativos de la actividad turística y, sobre todo, a garantizar la competitividad, la calidad y la sostenibilidad de la actividad y en ningún caso se ha visto reducido afectado el negocio como consecuencia de haber aplicado una ecotasa.

En el Estado español Catalunya en 2012 y Baleares en 2016, son la vanguardia en la aplicación de iniciativas legislativas para aplicar una ecotasa con una imposición finalista que destinan a garantizar la calidad y la sostenibilidad del sector.

El propio FMI considera que un impuesto de estas características y vinculado a la sostenibilidad, es una oportunidad y una potente herramienta que fortalecería las economías municipales. En parecidos términos se pronuncia el Informe Final de la Comisión de Expertos para la Revisión de la Financiación Municipal, emitido en julio de 2017.

En Canarias, teniendo en cuenta las cifras del sector en el año 2017, se calcula que la ecotasa al turismo podría suponer una recaudación de unos 130 millones de euros, con la que se podría garantizar la sostenibilidad de la actividad y también serviría para aliviar la carga que Ayuntamientos, Cabildos y el propio Gobierno de Canarias, tienen que soportar para mantenerla.

Después de tantos años de sacrificios soportados por amplias capas de la población canaria, con el sector turístico plenamente consolidado y con una rentabilidad considerable, ha llegado la hora de la responsabilidad social y de la redistribución efectiva de la riqueza que genera.

Apelamos a la patronal turística canaria para que asuma su importante parte en esa responsabilidad y para que, escudándose en pueriles argumentos como la disminución de la competitividad, deje de hacer lobby para frenar la implantación de una ecotasa.

En cualquier caso, la apelación más firme la debemos hacer a los grupos del Parlamento de Canarias y lo es para que hagan política pensando en las mayorías y no deleguen por más tiempo sus obligaciones.

Concejal de Unidos se puede. La Laguna.

Benito MaceiraBenito Maceira

El Gobierno de Canarias acaba de habilitar 11 millones de euros para mejorar los servicios de urgencias. Lo justifica porque la demanda es creciente y, según nuestro consejero de Sanidad, este año “los picos han sido terribles”. Hace muchos años que la demanda es progresiva, llena de picos terribles cada vez que nuestra creciente población entrada en años, con su salud pegada con saliva, sufre los embates de nuestros benignos inviernos. El espectáculo vergonzoso de las urgencias hospitalarias absolutamente desbordadas, con una indigna promiscuidad de enfermos aparcados en los pasillos y con interminables esperas para ser atendidos, es cada vez más frecuente. De seguir así, hasta los garajes tendrían que acomodarse para nuevas unidades de urgencias. Aunque quizás a algún empresario avispado se le ocurra proponer montar una red privada de servicios de urgencias, que por una módica cantidad le ahorre al ciudadano el suplicio de las urgencias públicas. El negocio sería sustancioso y el alivio de la Administración indescriptible.

¿Nuestros responsables sanitarios se han preguntado por qué ocurren estos colapsos? Si lo han hecho, no nos lo han contado y, sobre todo, no han tomado medidas para intentar arreglarlo. Se limitan a poner remiendos cuando la situación se vuelve escandalosa.

En mi opinión, el caos de urgencias es el reflejo del preocupante deterioro de la salud de los canarios, gestionado por un modelo de atención sanitaria dominado por la inmediatez, la perentoriedad, el apuntalamiento del enfermo surgido de una sociedad que no se ha beneficiado de política alguna de promoción de la salud ni de medidas preventivas para evitar las enfermedades crónicas no transmisibles, en su mayoría cardiovasculares (obesidad, diabetes, hipertensión, aumento de grasas en sangre, etc.), que constituyen la mayor causa de mortalidad y motivan un gran número de visitas a urgencias.

El recrudecimiento de estas enfermedades es claramente ambiental, con escasa participación genética e íntimamente ligadas al estilo de vida impuesto por el modelo de desarrollo del sistema que nos gobierna.

El desarrollismo capitalista en Canarias entró con el turismo. Supuso una transición brusca desde la miseria, el hambre, las enfermedades carenciales e infecciosas a una espectacular mejoría de la calidad de vida, donde el comer estaba asegurado, pero lo que se comía estaba impuesto. Al ir desapareciendo la agricultura de autoconsumo, fresca, de temporada, ya no se comía lo que se tenía en el cantero -ahora abandonado-, sino lo que había. Y lo que había era una comida industrial, manipulada, poco nutritiva, hipercalórica, diseñada para entullar a la población y a un precio tal que fuera asequible para los bajísimos salarios pagados y asegurara pingües beneficios.

Si simultáneamente el gasto de calorías se redujo drásticamente (se “quemaba” mucho menos en el sector servicios) y la comida fue desplazada en la escala de valores por el consumismo (lo que se come no se ve, pero sí el coche aparcado en la puerta), y a todo ello le ponemos la guinda de la absoluta falta de cultura nutricional y de práctica de ejercicio, ya tenemos en marcha la locomotora que mueve todas las enfermedades cardiovasculares, que no es otra que la obesidad.
Si no fuera una desgracia, los canarios podríamos presumir de la locomotora más potente de Europa (30% de obesidad), que arrastra unas vagonetas repletas de enfermedad y de sufrimiento humano, donde destaca la de la diabetes y, dentro de ella, la más preocupante, la de la diabetes infanto-juvenil. La situación de la diabetes en nuestras islas es escandalosa: se nos mueren tres veces más diabéticos por complicaciones que la media nacional.

¿Y por qué tenemos tanta obesidad y sus enfermedades satélites? Sin duda alguna, porque tenemos muchísima pobreza; cerca de la mitad de los canarios (el 44,6% ) está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¡No nos podemos acostumbrar a este terrible dato! Está palmariamente demostrado que es la situación socioeconómica el factor de riesgo de más peso en la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Es lo que llamamos el gradiente social de las enfermedades: a medida que se desciende en la escala socioeconómica (ojo, incluyendo las clases medias), más se sufren estas enfermedades. Este gradiente opera en cualquier país (hay cientos de estudios que lo demuestran), pero es más notorio cuando la pobreza se da en el seno de una sociedad con patrones macroeconómicos de país desarrollado, es decir, dentro de una situación de gran desigualdad social como es el caso de Canarias. Tras la minusvalía social, a corta distancia, se encuentra el factor de riesgo del sedentarismo, que, dado el panorama laboral actual, también está muy ligado con la situación socio-económica del individuo.

Para empezar a mejorar la desastrosa situación sanitaria de nuestra tierra no podemos seguir practicando la actual medicina de desembocadura, poniendo puntales carísimos para mantener en pie a los enfermos destrozados por las complicaciones de todas estas enfermedades crónicas. No podemos empezar a actuar cuando el individuo está enfermo y menos cuando ya está complicado. Tenemos que recurrir a promocionar la salud de la población e implementar políticas serias de prevención hasta ahora inexistentes. Hay que prevenir, hay que construir una presa que contenga los problemas de base e impida los astronómicos gastos y el inmenso torrente de sufrimiento humano que suponen estas enfermedades. Para ello se tiene que empezar por reconocer que las causas troncales de la gravísima y progresiva epidemia de obesidad, diabetes y demás enfermedades son sociales y que, por lo tanto, la solución tiene que pasar forzosamente por políticas sociales que las neutralicen.

La trágica realidad es que, a pesar de que la situación sanitaria de la población es alarmante, a pesar de que están perfectamente deslindados los motivos de la misma, no se hace prevención. Europa se gasta en políticas preventivas el 3% del presupuesto sanitario. España, sobre el 1% ( incluyendo las vacunas), y Canarias probablemente menos…

No se hace prevención porque está prohibido: el estamento financiero-bancario-empresarial, el verdadero dueño del mundo, el que representa al salvaje capitalismo neoliberal que nos gobierna, El Padrino, tiene dadas órdenes estrictas de que las cosas sigan como están. El reconocer la pobreza como pilar principal del problema es desestabilizador y políticamente incorrecto; la pobreza es un factor de riesgo no modificable… Tomarse en serio el implantar verdaderas políticas preventivas supondría poner en peligro las astronómicas ganancias generadas por la comida procesada (basura), por la industria farmacéutica, por el inmenso negocio en torno a la obesidad, por las tecnológicas medicas, etc. Además, se podría quedar sin argumentos para continuar con la canibalización de la Medicina Pública a través de su política de descapitalización, desprestigio y desmontaje de la misma. Parece claro que no tiene la más mínima intención de hacerse el harakiri…

El Día Mundial de la Salud parece una magnífica ocasión para recordar que para torcerle el brazo a El Padrino es necesario una verdadera revolución ciudadana: solo con la creación de una masa crítica suficiente que amenace a la clase política gobernante con la pérdida del poder a través de los votos comenzarán a practicarse medidas preventivas eficaces y solo entonces empezarán a mejorarse y dignificarse los servicios de urgencias como reflejo de la mejoría en la atención sanitaria de nuestra población. No podemos tolerar que se antepongan los intereses de El Padrino al derecho a la salud de nuestra población.

Wladimiro RodriguezWladimiro Rodríguez

Leemos en la prensa una serie de medidas que aplican las autoridades portuguesas como prevención de los incendios forestales, lo cual nos parece de interés para nuestro Archipiélago, dado el clima y los peligros de ambas realidades geográficas. Canarias tiene mucho en común en el plano físico, con veranos largos y secos, diferenciándose de Portugal en que, aquí en las Islas, los montes públicos son mayoritarios, mientras que en Portugal se fueron privatizando tras la Revolución de los Claveles de 1974.

En el país vecino existe una gran explotación maderera, con monocultivo de eucaliptos, mientras aquí domina la vegetación natural, sin apenas actividades forestales en nuestros montes.

En ambas regiones, además, hay poca gestión para la retirada de material combustible. En Portugal, a las empresas particulares sólo les interesa la madera, y no hacen silvicultura, mientras que en Canarias se han suprimido los usos tradicionales, pues no hay interés económicos (leña, horquetas, ramas para el ganado, etc.), y en contadas ocasiones se hacen rozas, en parte por la crisis del mundo rural, en parte por una política conservacionista rígida. El resultado final es que tenemos la mejor masa forestal en la historia de los últimos 400 años en Canarias. Sin embargo, los recursos humanos que demandan el cuidado de algo más de 120.000 ha son muy pobres.

Las medidas portuguesas no son aplicables directamente aquí, ya que los montes son mayoritariamente públicos, y a los privados les hemos limitado los usos, y en consecuencia el interés ambiental ha de proteger la naturaleza de las Islas, sin distinción de la propiedad.

Sin embargo, si es posible tomar referencia de algunas líneas de actuación recientes de Portugal, en las que, por ejemplo, se obliga a los particulares a la limpieza del monte, con fecha limite el 31 de mayo, con implicación para el cumplimiento de las medidas de la Guardia Republicana (GNR, equivalente a la Guardia Civil), aplicando multas de hasta 120.000 ?. Más importante que las medidas, nos parece la actitud de los responsables políticos que las aplican, el socialista Antonio Acosta, al que también respalda el presidente, el conservador Marcelo Ravelo de Sousa, unidos por el compromiso ambiental, separando el conflicto electoral.

En Canarias la situación se complica, no solo por las miserias de la vida política, sino también por tener que contar con tres administraciones con competencia en la gestión del monte.

Entendemos que los cabildos han de dotarse de más recursos humanos para hacer prevención en nuestros montes, ya que las plantillas existentes no cubren un mínimo de las demandas de los mismos, sea retirando combustible, mantenimiento de pistas cortafuegos, red de aguas, etc., etc. Entendemos que la situación de Portugal es la consecuencia de la mala gestión de los montes privados, de lo que también podemos aprender. Más del 50% de los incendios en la UE se produjeron en Portugal el año 2017.

No es bueno esperar a las desgracias para acordarnos de Santa Bárbara; que si helicópteros, que si hidroaviones? todos los recursos son necesarios, pero la prevención es básica. Demandamos más personas y, por supuesto, mejorar las relaciones con los campesinos, fomentando los usos tradicionales, con cultivos de las zonas próximas al monte. Qué decir de lo que ha hecho el Cabildo de Tamarán, legalizando la trashumancia en sus montes, después de más de cuarenta años en lucha por un uso, hoy suspendido en el resto de las Islas.

El monte también sufre la crisis agraria porque está rodeado por campos de cultivos, cubiertos de maleza, donde han nacido muchos incendios en los últimos años.

Espero que los responsables públicos en Canarias pongan más recursos para gestionar la mayor superficie forestal de las Islas, con casi el 30% del territorio, gestionado por una docenas de cuadrillas. Nuestra naturaleza demanda más recursos y menos adjetivos, más vale prevenir que curar.

Entendemos que hay que hacer leyes más tolerantes con los usos tradicionales, ya que gestionamos el mejor monte que han tenido las Islas en mucho tiempo, y ello requiere gestión humana: campesinos, agricultores y pastores, vida en los pueblos, no aldeas sin vida, como ocurre en parte de Portugal. Las más de cien mil hectáreas de monte del Archipiélago son la resultante de una gestión sabia y comprometida de nuestra gente con la naturaleza. En época de penurias, con muchas carencias, cuidaron nuestros montes, con usos que hoy no permitimos. Dignifiquemos, pues, la sabiduría de los campesinos

 

Jose Farrugia de la RosaJosé Farrugia de la Rosa

 

El “fenómeno” del grafiti forma parte de nuestra memoria histórica. En los últimos años se ha ido asumiendo que esta forma de expresión de la cultura popular, más o menos espontánea, forma parte de nuestro patrimonio. No en vano, se han planteado proyectos para la conservación de esta forma patrimonial, como es el caso del East Side Gallery del Muro de Berlín. También se organizan exposiciones, seminarios, congresos, actividades y jornadas que fomentan su producción y estudio, reconociendo su valor artístico y cultural, como el festival Poliniza que organiza la propia Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, existen numerosas publicaciones de estudios y proyectos de investigación centrados en inscripciones arqueológicas de todas las épocas en distintos marcos geográficos. Estas investigaciones se centran tanto en el estudio iconográfico, como en su contenido iconológico, indagan sobre la naturaleza fisicoquímica de los elementos constituyentes de dichas inscripciones, atienden a cuestiones de tipo conservativo e incluso plantean intervenciones restaurativas. Podemos encontrar publicaciones sobre grafitis prehistóricos, de la antigüedad grecolatina, medievales, modernos o contemporáneos.

En los últimos años, el grafiti también ha proliferado como parte de acciones vandálicas contra el patrimonio cultural, a escala mundial, al alterarse, con consecuencias nefastas, realizaciones culturales previas. Si bien en la actualidad no hay una definición tajante respecto a lo que es Arte Urbano, Street Art, grafiti y Arte Público, sí que existe una clara definición para el grafiti vandálico: se refiere a aquellas pintadas o grabados que dañan al patrimonio cultural. Las acciones vandálicas pueden estar relacionadas con manifestaciones de protesta, marchas, eventos públicos, etc., y generalmente están realizadas sin ninguna intención artística. A pesar de ser manifestaciones anónimas, estos grafitos tienen un impulso autobiográfico y su razón es la autoafirmación del yo. Paradójicamente, a través de estos grafitis vandálicos también podemos obtener datos en el ámbito de la psicología, etnografía, cultura y sociología que no pueden ser obtenidos de otro modo.

Son múltiples los casos en los que las pintadas han afectado, intencionadamente, a bienes patrimoniales protegidos por la ley: pintadas en muros incas en Cuzco (Perú), en 2004; pintadas en los paneles rupestres del parque arqueológico Piedras de Chivo Negro, en Bogotá (Colombia), en 2015; pintadas en los edificios históricos de Morelia (México) desde hace décadas; pintadas en los muros de la Naveta des Tudons (Menorca), en 2018, y un largo etcétera. En el ámbito canario, también son múltiples los ejemplos. Entre otras, están: las pintadas en el yacimiento rupestre de Barranco del Muerto, Añaza (Tenerife), en el año 2008; las pintadas en un yacimiento paleontológico de Haría (Lanzarote), en 2018, o las más recientes realizadas en el yacimiento rupestre de Montaña de Jaifa, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), hace escasos días.

Esta afección de los paisajes culturales también comparte una respuesta globalizada a escala mundial: repulsa por parte de la Administración pública competente, enfado en las redes sociales, entrada en vigor de medidas cautelares y/o revisión de las ya existentes, organización de talleres y jornadas de concienciación, etc.

El acto vandálico perpetrado hace escasos días en Montaña de Jaifa, con la pintada de la bandera española sobre un panel rupestre de época indígena, pone de manifiesto, una vez más, la práctica irresponsable del grafiti y la apropiación indebida y anónima del patrimonio cultural canario que, huelga decir, es un bien social, pertenece a la comunidad. Los paisajes culturales son esencialmente construcciones multidimensionales, resultado de la interacción de estructuras históricamente determinadas con las personas que actualmente los intervienen y habitan.

Pero el acto vandálico de Montaña de Jaifa también pone de manifiesto otra realidad: la pintada de la bandera española sobre un panel rupestre acontece en un territorio como el canario, secularmente dividido, además de por el océano, por el nacionalismo, el independentismo y la consideración del Archipiélago como nación, frente al Estado español. El grafiti, a priori, podría tener, por tanto, una clara intencionalidad política: la anulación de la identidad indígena y, por consiguiente, de una seña de identidad nacionalista. Esta realidad, unida a la también secular problemática en torno al separatismo catalán, de actualidad en estos últimos meses, quizás permita entender el importante eco que la noticia de Jaifa ha tenido en prensa y en redes sociales. En este sentido, otros actos vandálicos acaecidos en Canarias, en otro contexto político menos “caldeado” y con grafitis apolíticos, han pasado desapercibidos para los medios de comunicación, para la opinión pública y para la propia Administración competente. Cabe destacar, en este sentido, el expolio del yacimiento rupestre de Aripe (Guía de Isora) en el año 2001, con la pérdida de varios paneles. Hoy en día, este enclave señero de Tenerife sigue desprotegido.

Patrimonio cultural y esencias patrias parecieran ser el trasfondo del acto vandálico en Jaifa, cuando lo cierto es que, paradójicamente, según la información que se ha ido filtrando por algunas fuentes, todo apunta a que a “alguien” del lugar le molestaba que la gente subiera, reiteradamente, a ver los grabados… y encargó la pintada.

En este territorio de volcanes y salitre, en esta sociedad atlántica y mestiza, la incultura también ha terminado por apropiarse de determinadas “iconografías patrias”, y peor aún, de un patrimonio que debería estar protegido por la Administración competente, para su disfrute por parte de la comunidad.

Fco Javier Gonzalez Perez 4.2018Francisco Javier González

Cristina Cifuentes ha mentido alevosamente sobre su titulación de máster. La “regeneradora” del PP, que ha utilizado su influencia política para que se falsificaran registros y certificaciones por parte de la URJC, ha logrado, a pesar de la evidencia de sus falsedades, contar no solo con el apoyo de los Rajoy’s Boys, sino con el sostén vergonzante y las tácticas dilatorias de los otros “regeracionistas” de C’s. Desde luego que es patente la “degeneración” de tanto “regenerador”. Volvemos a traer a la memoria las “Catilinarias” ciceronianas adaptadas a estos berringallos ¿Hasta cuando estos guirres carroñeros abusaran de nuestra paciencia? Evidentemente, hasta que desde la calle se lo impidamos.

La pregunta que muchos nos hacemos es si la corrupción generalizada del partido del gobierno, con la aquiescencia del otro con el que  componen la derecha más reaccionaria y retrógrada de los sucesores de Franco, se extiende a toda la Universidad española o, si la basura que aflora de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, es el reflejo de la imagen que parece indicar su desprestigiado nombre demérito de ese rey, se circunscribe solo a la misma y no es extensible al resto de la institución universitaria.

Lo de la URJC urge una aclaración más allá del escándalo Cifuentes porque no se trata de un acto aislado. Evidentemente ni puede ni debe alcanzar al alumnado que, con esfuerzos y sacrificios, cursa en ella –o en cualquier otra del Estado- sus estudios y ve, estupefacto, como un alto cargo político “regenerador” utiliza los canales de reptiles para lograr, sin el más mínimo esfuerzo, el mismo objetivo, ni a aquel profesorado que cumple con sus obligaciones y ve, inerme, como sus superiores enlodan y prostituyen todo su esfuerzo académico y el propio nombre de su institución, pero si hay que airear la basura para que el aire contaminado se vuelva respirable.

Un análisis somero de la URJC arranca desde su constitución. Era, en 1996, la sexta de la Comunidad de Madrid que presidía, entonces, Alberto Ruiz Gallardón. Desde su fundación se la conoció como “la Universidad del PP” por ser el “echadero” académico de muchos titulados próximos al PP. Allí paró, como ejemplo, la prima del presidente comunitario, Isabel Ruiz Gallardón;  el “prestigioso” periodista Francisco Marhuenda, director del inefable periódico “La Razón” y exjefe de gabinete del inmutable Rajoy, profesor en el área de Historia del Derecho y las Instituciones; la sobrina de Jaime Mayor OrejaIsabel Mayor; la cuñada del otrora Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, encarcelado desde 2014 por su relación con la Gürtel y la Púnica y que, a su vez, implicaba a Cristina Cifuentes en la trama de financiación ilegal del PP…

Algunos casos  merecen atención aparte y enlazan con el máster fantasma. Uno es el de Margarita Cifuentes Cuenca, hermana de la autora del fantasmagórico máster de la vergüenza.  Margarita, a sus 55 años, había ejercido toda su profesión como Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Comunidad que rige, vergonzantemente, su hermana. Margarita parece ser en algunos aspectos el antecedente inmediato de su hermana Cristina. En 1992 obtiene plaza en la Escala Administrativa de la Complutense, accediendo en 2002 a la Escala de Gestión Universitaria, la misma de la que procede Cristina y en 2005 solicita el traslado como PAS a la URJC. Licenciada en Geografía e Historia decide, en 2016 siendo ya su hermana Delegada de Gobierno, realizar su doctorado. Elige, por supuesto, la URJC, con fama de coladero pepero, a la que el gobierno de su hermana financia con un presupuesto de alrededor de 130 millones de euros, con unos 1.500 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y más de 600 administrativos del PAS que rigen, casi manu militari, destacados peperos. Como era de esperar es el propio rector, Fernando Suárez Bilbao, medievalista, historiador del derecho y plagiario convicto y confeso, quien dirige su tesis sobre “El Imperial Alejandro” que presenta en 2016. Recién leída, y antes de que comience el curso, el rector Suárez le firma un contrato como Profesor Visitante textualmente “para que aporte sus conocimientos y la experiencia docente e investigadora”. La figura de “profesor visitante” está perfectamente definida por la ley. Tienen que ser de reconocido prestigio en su especialidad, proceder de otra universidad, no prolongar su estancia como tal más de dos años y otras condiciones. Justamente, ninguna de las cuales cumplía Margarita Cifuentes, aunque, desde luego, tampoco cumplía –ni cumple- ninguna la propia universidad. La clave está en que la contratación de un profesor visitante no precisa de ninguna  explicación ni concurso. Es totalmente un privilegio del rector. En un centro normal no sobrepasan los profesores visitantes el 1% del claustro, pero en la URJC alcanza más del 20%.

La sombra protectora del plagiario Suárez es  alargada. El pasado marzo la URJC contrató irregularmente  -como suele hacer- a su hija Mª Alejandra Suárez en una convocatoria expres, urgente y sin publicidad. Usos y costumbres del staff directivo de esta prestigiosa universidad del PP.

El rector Suárez Bilbao, uno de los “héroes” de esta tragicomedia, condenado por más de una docena de plagios comprobados  que tuvo que dimitir por ese “pequeño” motivo, era la mano derecha y uno de los vicerrectores de Pedro González Trevijano, que dejó el puesto al ser nombrado por Rajoy como magistrado del TC junto al cavernario magistrado Enrique López. Cuando González Trevijano se presentaba como candidato para su tercera legislatura frente al profesor David Ríos, encargó al actual rector Javier Ramos –sucesor designado a su vez por Fernando Suárez Bilbao- que sobornara al profesor Ríos para que retirara la demanda interpuesta por el mismo contra la candidatura de Glez-Trevijano. El intento de soborno se hizo a través de otro catedrático del equipo de Ríos, Antonio Alonso, que grabó todo el intento. El rechazo de Ríos provoca el cumplimiento de la amenaza de “Don” Pedro Glez Trevijano de desmantelar  todo el departamento del Dr. Ríos, desmantelamiento  que duró los siguientes dos años hasta su desaparición. Puro comportamiento mafioso, por muy profesores universitarios que sean los autores. David Ríos acusó al rector Trevijano, hoy conspicuo magistrado del TC que decide, por ejemplo, sobre el “Procés catalá”, de quedarse con comisiones de hasta 400.000 euros.  Trevijano se negó a entregar al juez el listado de gastos porque “ya estaba auditado” y se acabó la historia.

Para enfangar más a todo este colectivo “intelectual” de los cargos rectores de la URJC, el actual rector, Javier Ramos, el pasado junio, en la cafetería de profesores del campus de Móstoles, se sentó junto al profesor Antonio Alonso y le dijo que apagara el móvil y la grabadora. Le comunicó que iban a contratar 300 nuevas plazas sin transparencia y cada departamento a quien le diera la gana… La discusión se fue agriando hasta que el pulcro rector saltó, y señalando a Alonso le gritó “Eres un hijo de puta…deseo que toda tu familia se divorcie de ti”. El que quiera la inteligente y educada conversación completa recurra al enlace del Diario.es

¿Puede alguien sentir extrañeza de que en este modélico entorno pepero se rectifiquen notas dos años después de no presentarse a las asignaturas, se falsifiquen actas, se aprueben máster inexistentes y otros pequeños apaños de la Cifuentes o de los rectores sucesivos? Para redondear el retrato indicar que el catedrático que ordenó cambiar las notas de la aún Presidenta madrileña, Pablo Chico de la Cámara, el pasado septiembre volvió a contratar para su departamento de Derecho Público a Daniel Ortiz, exalcalde pepero de Móstoles que tuvo que abandonar su puesto en la Asamblea de Madrid de la Sra. Cifuentes por su implicación en la trama Púnica por la mordida de un contrato de 75 millones de euros con la empresa Cofely de la red mafiosa. Todo encaja si se tiene en cuenta que el catedrático Chico de la Cámara estuvo en la nómina de Ortiz en Móstoles y que Ortiz acaba de hacer su tesis doctoral, imprescindible para su contrato como profesor, bajo la dirección ¿de quién? Pues, como no, del profesor Chico, el de los aprobados en diferido. El nuevo Profesor Visitante de la URJC, “reputado especialista” con “dilatada experiencia”, es hoy profesor en media docena de carreras de la URJC.

A todas luces queda reafirmada el repetitivo sonsonete de la “regeneradora” Cristina Cifuentes: “Yo lo tengo muy claro: frente a la corrupción, tolerancia cero”.