Sin titulo1

Chema HernandezChema Hernández Aguiar


Es habitual que Canarias ocupe el primero o el último lugar en cualquier índice, ya sea el de mayor pobreza o el de menores salarios, siempre obtenemos la medalla de latón colonial. Nada de lo que nos rodea cotidianamente escapa al carácter y estatus colonial de las islas.

Mientras todo ello ocurre en el discurrir diario de los canarios, ese parlamento otorgado de latón, llamado de Canarias, suma vergüenza tras vergüenza.

Hace una semana los parlamentarios del PSOE y CC se entretenían haciendo garabatos de colores en las papeletas, PSOE de uno, CC de otro. Dicho divertimento buscaba detectar el parlamentario que los traicionaba en la tercera votación de los consejeros de la TVC. El final de dicha historia ni lo relato, no importa a casi nadie.

Y de verdad no importa. Esta semana la TVC recibía otra medalla de latón, siendo la de menor interés entre sus ciudadanos y la que menos contribuye a promocionar los rasgos culturales, según la FORTA.

Al día siguiente de la votación de colorines, PP y CC tenían un acuerdo que entregaba los puertos canarios al PP. Mientras esos parlamentarios andan con el gas y otros negocios que, de tanta avaricia e ineficiencia, no se detienen ni en los detalles, hacen autenticas chapuzas y terminan en los tribunales, paralizado, gracias a su ineptitud, al margen del disparate que significa su implantación.

Como ven este pseudoparlamento canario anda muy preocupado por los ciudadanos, por sus pensiones, por sus salarios, por los servicios sociales.

Mientras la prensa recoge hoy esta noticia, qué más que noticia, debía de ser portada.

“El 40,6% de los pensionistas canarios cobra por debajo del umbral de la pobreza”

“Canarias sufre la mayor tasa de pensionistas bajo el umbral de la pobreza de todo el país”

“Más de 152.000 perceptores, la mayoría mujeres, sobreviven con menos de 22 euros al día”

 “Canarias la sufre la mayor tasa de pensionistas en el umbral de la pobreza”

“Cuatro de cada diez pensionistas canarios viven por debajo del umbral de la pobreza”  

Hoy desgraciadamente tendremos que soportar la presencia de esos parlamentarios en las manifestaciones, los mismos que alejados de cualquier realidad social, ajenos en su actividad a los más, dedican todos sus esfuerzos a hacer más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, a obtener ventajas fiscales para los grandes empresarios, a gasificar las islas, a pactar una y otra vez con el PP las políticas antisociales que también incluyen en los presupuestos las subidas de las pensiones.

Espero que alrededor de todos ellos coloquen un cordón sanitario.

En África, a 17 de marzo del año del Colapso.

 

 

Sin titulo 2Cristina Rivero Suárez

 

Tal y como sabemos, la oferta pública de empleo para este año 2018 impuesta por la Consejería de Educación en Canarias, asciende a la “módica” cantidad de 2041 plazas, repartidas en 33 especialidades docentes; plazas las cuales, sin estar sujetas a ninguna presión legal o administrativa que obligue a ofertarlas en una sola convocatoria, pueden ser distribuidas según necesidades, de aquí al 2022 ¿A qué viene tanta prisa?...

Canarias con una población que ronda los 2.200.000 habitantes, cuenta con un 84,8% de población en edad propia para la actividad laboral. Pues bien, centrándonos en el sector educativo y comparativamente a otros territorios como Andalucía, cuya población es cuatro veces superior a la nuestra, ofertamos todavía 54 plazas más que en el sur del estado o que, por ejemplo Madrid que sobrepasa tres veces nuestra población y, oferta 417 plazas menos que Canarias. Esto datos evidencian de forma palmaria lo catastrófico que puede ser el “efecto llamada” que desde los sindicatos venimos alertando para asegurar que el trabajo de casa se construya en casa; sin menospreciar la importancia que tiene garantizar la estabilidad de los claustros docentes de nuestra escuela pública, que tan significativamente repercute en la calidad del itinerario escolar a seguir por nuestro alumnado.  

 Analizando la tasa de interinidad docente en Canarias que actualmente asciende al 28% del total de la plantilla docente, supone un total aproximado de 7.000 trabajadoras/es en jornada completa o parcial. Ésta destaca por su experiencia laboral en el aula y en ella, la administración educativa ha invertido fondos públicos en los últimos cuatro años, siendo destinados a la formación y actualización pedagógica del profesorado. No está demás apelar al convivir diario de los mismos/as, que además de estar inmersos en la preparación de una oposiciones de este calibre,  se suma el estar ocupados/as en verter su creatividad, tiempo y esfuerzo en superar y ofrecer contenidos, vivencias, experiencias educativas y aprendizajes significativos en el aula, con el fin de ofrecer procesos educativos válidos para la inmensa mayoría de la diversidad actual de nuestro alumnado.  Se enfrentan sin contemplaciones al riesgo de ser despedidos-as después de años de dedicación a la docencia.

Es menester adoptar decisiones políticas que regulen el acceso a la función pública proyectado  en un contexto de retroalimentación positiva, dónde la calidad de las vivencias en el aula, se vean beneficiadas por estar gestionadas por adulto/as que encuentran un respaldo social en el trabajo educativo que hacen o quieren desarrollar en un futuro próximo. Para ello venimos reclamando, cuasi ya de forma histórica desde el STEC-IC, un sistema justo e igualitario: el Acceso diferenciado, un sistema a todas luces justo y equilibrado que garantiza los derechos y oportunidades tanto del profesorado interino como de los opositores libres; sin duda, sería una medida administrativa que ofrecería una salida socialmente muy constructiva.

Ya por último, y por continuar en la línea de cosas que nos debieran preocupar…nos referimos al alarmante índice en descenso de natalidad que sufre Canarias, el cual ha sido de un 20% en los últimos años. Este hecho en educación también presenta claras repercusiones, reflejado en los continuos cierres de centros educativos y consecuente pérdida de puestos de trabajo, lo que deriva en tener al actual funcionariado de carrera, dando tumbos por el archipiélago sin ejercer su derecho ya adquirido de destino definitivo. Entonces la duda puede ser… ¿estarán garantizados los derechos laborales de todos los y las funcionarios/as de carrera que entren  a formar parte de la comunidad educativa en Canarias el próximo curso escolar?

Ante la apertura de tantas dudas, se hace imprescindible hacer un llamamiento a la Consejería de Educación, una vez más, subrayando la necesidad de ser coherentes en las decisiones políticas sobre un servicio público tan relevante como el educativo. La solución pasa por ofrecer un escalonamiento de las plazas ofertadas para 2018 de aquí hasta el 2022, según las necesidades reales del sistema educativo. Esta “solución” debe adaptar con criterio el acceso del funcionariado público, teniendo en cuenta las condiciones reales de la población implicada y sobre todo evidenciando que, contando con plantilla profesional y formada para los servicios del sector, con la mejora de los recursos ya existentes y adaptando una infraestructura que acompañe en condiciones, se asegure una gestión política equilibrada para con la Escuela Pública, la de todas/os. No por mucho madrugar, amanece más temprano.

* Cristina Rivero Suárez es miembro del STEC-Intersindical Canaria

 

J. BethencourtJaime Bethencourt 

 

        La cacería emprendida contra líderes y cargos públicos nacionalistas catalanes que ha llevado hasta hoy a la cárcel o al exilio a 16 ciudadanos y ciudadanas de marcada conducta pacifista, sobrepasa la línea roja de lo admisible en un Estado pretendidamente democrático para situarnos en la ciénaga del autoritarismo, la quiebra de derechos fundamentales y la persecución ideológica. Cada día que pasa se refuerzan la evidencias que la tan cacareada separación de poderes  son en el Estado Español inexistentes, repartiéndose entre los aparatos ejecutivo y judicial el trabajo sucio con el objetivo de impedir, por un lado, la constitución en Cataluña de un gobierno legítimo salido de la voluntad popular, y por otro, descabezar un movimiento ideológico constitucionalmente protegido, encarcelando a sus líderes mediante la infame imputación de los peores delitos del arcaico y severo código penal español, impidiéndoles  cualquier movimiento de acción y, de paso, extendiendo la intimidación sobre su entorno ideológico en el territorio catalán, y por prolongación, hasta aquellas personas y organizaciones que defendemos la soberanía nacional para Canarias.

       Ciertamente, haciendo un rápido repaso sobre los autos  represivos del juez Llarena y el núcleo duro de la judicatura que le circunda, y ante la inexistencia de cualquier hecho objetivo que avale la comisión de los delitos por sedición o rebelión de los procesados, la judicatura actuante se fabrica un auto novelado de hechos inciertos, pero también cocinados sobre las "intenciones" que, según la maquinadora mente del juez, tenían  los inculpados. Pero, tal vez el hecho más ignominioso de esta farsa lo encontramos en uno de los considerandos judiciales que, sustituyendo el bastón de mando institucional de Puigdemont por la pistola del facineroso Tejero y las metralletas golpistas, homologa tendenciosamente el asalto del 23 F con el comportamiento de los demócratas políticos catalanes represaliados..  

         Con tan endeble y avieso argumentario, y jaleados por el triunvirato (PP, PSOE y Ciudadanos), líderes nacionalistas, cargos institucionales y hasta el propio presidente de la Generalidad, son encarcelados u obligados al exilio sin juicio o sentencia condenatoria alguna. Tampoco el hecho de haber resultado elegidos como cargos públicos en la consulta popular impuesta por el gobierno español tras secuestrar la autonomía catalana y disolver el parlamento, hizo reconsiderar la inquisidora prisión de los políticos o la persecución de otros tantos exiliados. Además, el último de los tres candidatos a la presidencia de la autonomía catalana es llevado a prisión, precisamente, pocas horas antes de que pudiese resultar elegido y habiendo presentado el día anterior su programa de Gobierno en las dependencias de la voluntad popular.  Como epílogo de esta obscena e inquisidora historia,  la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, conminando  a España al respeto de los derechos políticos del encarcelado Jordi Sánchez, además de ser incumplida e ignorada por el gobierno de Rajoy, es silenciada por la mayoría  de los medios de comunicación del Estado. Esta resolución sigue a otras dos anteriores del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que en el corto periodo de los dos últimos  meses,  condena a España por grave maltrato a presos vascos, y otra, por atentar contra la libertad de expresión. Además, el informe anual de Amnistía Internacional ennegrece aun más tan negro currículum con un sin fin de reproches por prácticas autoritarias. Ya antes y pasando a la ejecución del manual fascista heredado de la dictadura, bajo la coordinación de este actualizado Tribunal de Orden Público, se multiplican las cargas policiales, se ocupan las calles catalanas con 10.000 policías más, se secuestran y destruyen urnas y se generalizan las agresiones contra los centros de enseñanza.

        Y es aquí donde otra circunstancia nos acerca a la identificación del Estado Español como régimen político no democrático. Desde la prensa y los medios de comunicación, principalmente los de carácter público, se desata una férrea campaña de desprestigio contra los encarcelados y huidos, se ridiculiza a la autonomía catalana, se demoniza  a los independentistas homologándoles a golpistas, se desprecia la presunción de inocencia de los perseguidos y se arenga a los poderes del Estado a aumentar su represión contra el nacionalismo. 

          En esta pesadilla que ahoga las libertades, la voz de muchos demócratas, partidos políticos y sindicatos, se ha hecho  cobardemente imperceptible para reclamar justicia y el respeto de los derechos humanos. Turul, Rull Romeva, Bassa, Carmen, Jordi Cuizart, Jordi Sánchez, Junqueras, Forn, y los exiliados Puigdemont, Meritxel, Toni, Lluis, Clara, Amna y Marta, hombres y mujeres de honor que testimonializan la existencia de presos y exiliados políticos en una monarquía y un gobierno represor que añorando  el pasado y la dictadura,  nos devuelven a la pesadilla de la persecución de la disidencia política.     

Jaime Bethencourt Rodríguez

del Secretariado Nacional de Intersindical Canaria

Isabel Fuentes 1Isabel Fuentes

Si tuviéramos que pensar en cómo destruir un servicio público, lo más fácil sería abandonarlo y dejar que todo el mundo empiece a hablar mal de él. Eso es lo que hace precisamente la Consejería de Educación y Universidades, con el personal de administración y servicios (cocineros, ayudantes de cocina, auxiliares de servicios complementarios, aux. educativos, aux. administrativos, mantenimiento, subalternos, personal de limpieza, maestros de taller, etc.) que prestan servicios en los centros públicos de Canarias.

A lo largo de los años y gobierno tras gobierno han ido generando una desafección y un desprestigio hacia este personal, el cual no hace otra cosa que realizar lo mejor posible su trabajo y en la medida de sus posibilidades. Y ¿por qué en la medida de sus posibilidades si son empleados públicos? Porque este personal no cuenta con los recursos suficientes ni con las mismas posibilidades que otros empleados públicos para desarrollar sus tareas. A ello habría que añadirle las condiciones laborales pésimas que sufre este colectivo. 

A este personal se le asigna hasta tres centros para compartir, y eso si tienen suerte que le avisen con antelación. Es muy habitual avisar el mismo día cuando la persona llega a su centro de trabajo para que se desplace a otro centro a cubrir la necesidad que existe por falta de personal, y así, día tras día sin saber en que centro va a trabajar al día siguiente, porque las vacantes tardan hasta más de tres meses en cubrirse y el personal trabaja por encima de la ratio establecida. Y hablamos de personal que en ocasiones se desplaza en transporte público y que solo cobra algo más de 500 € mensuales. Para este personal no hay concurso de traslados entre consejerías, ni promoción interna, no existe ningún procedimiento por el que una persona que presta servicios en un centro pueda realizar carrera profesional. Alguna vez escuché, que los presos tienen más posibilidades que el personal de administración y servicios de los centros.

Esto, en resumen, se llama “desvestir un santo para vestir otro”, porque es un sinsentido que salga una persona de un centro donde está prestando un servicios para cubrir las necesidades de otro que también acusa falta de recursos humanos.

Asimismo destacar el tema de la ropa de trabajo o los EPI (equipos de protección individual) que necesitan estas personas para realizar sus tareas a lo largo de la jornada. Han sido nefastos los procedimientos de licitación, las empresas encargadas de suministrar el uniforme no han cumplido con las tallas y el número de prendas y el personal ha terminado por tener que comprar su propio uniforme. En algunos centros se les niega guantes de látex necesarios para el aseo de los alumnos con discapacidad, se tienen que comprar sus propias botas de agua para entrar en las duchas y los EPI no existen, ni se les espera.

Y no satisfechos con eso, se les detrae de la nómina al personal subalterno y aux. administrativo (que también comparte centro), el complemento de atención a la ciudadanía, porque anteriormente se les abonaba el plus de atención al público y al cambiar de nombre y de criterios, la Secretaría General Técnica, decide  que quienes cumplen con los criterios son los auxiliares administrativos, durante tres meses del periodo de matrícula en los CEIP (es cuando más atención al público hacen, según la Secretaría General Técnica) y cinco meses en los IES, EOI, etc, abonándoles solo esos meses y no los doce meses que venían cobrando anteriormente, además de crear diferencias entre personal de la misma categoría. Es fácil de demostrar que el personal de administración atiende regularmente también fuera del periodo de matrícula. 

Una vez más tenemos una clara evidencia de la desidia y abandono por la Consejería de este personal, que también comparte centros, aún cuando el Consejo Escolar de Canarias ha solicitado en sus informes de final de curso, la permanencia de estas personas los cinco días de la semana.

La guinda del pastel, la ponen las personas que desempeñan la categoría de maestros de taller, a quienes en plenas navidades se les detrae de la nómina entre 600 y 700 euros, porque según un informe de Intervención General había que abonarles la nómina como grupo III y no como grupo II, cuando tenían sentencias ganadas y existía jurisprudencia suficiente que avalaba los importes que venían percibiendo desde hace más de 15 años. Esto lógicamente terminó en los tribunales, los cuales obviamente dieron la razón a los trabajadores.

En definitiva, el personal de administración y servicios asignado a los centros educativos, después de compartir hasta tres centros en una semana, de trabajar por encima de la ratio establecida, de comprarse su propia ropa de trabajo, de aguantar que le descuenten en la nómina los complementos  que perciben otras personas de la misma categoría en otras consejerías y se les detraiga cantidades importantes en algunos casos sin resolución, sigue desempeñando su labor de manera impecable y extraordinaria, porque son ellos los que gobierno tras gobierno, quedarán en sus puestos prestando el mejor servicio en los centros públicos de Canarias.

* Isabel Fuentes Suárez es miembro de la Sección Sindical de Personal Laboral del STEC-Intersindical Canaria

Pedro GonzalezPedro M. González Cánovas 

 

Un artículo publicado en Kaos en la red, toma como referencia un dossier de El confidencial digital, donde se señala la influencia y la ganancia monetaria que significa la intervención de Comisiones y UGT en las directivas de entidades de gestión de fondos privados de pensiones. Esos planes de pensiones privados donde Rajoy nos anima a depositar nuestro dinero: “planes de ahorro”, se atreven a llamarlos. 

La verdad, da miedo por dónde camina lo de las jubilaciones: la derecha gobernante parece advertir de la desaparición de las pensiones públicas o de la próxima precariedad de las mismas; mientras que los que deberían ser los máximos defensores de ellas, como representantes de los trabajadores que se suponen, tienen fuertes intereses económicos depositados en las entidades de pensiones privadas.   

En base a esto último, según se asegura en el artículo citado, CCOO y UGT “ingresan casi un millón de euros por la gestión de los planes privados de pensiones de los empleados públicos”. Lo peor es que no se trata de un caso aislado. Estas dos organizaciones se reparten también la gestión de entidades similares que controlan el sector aéreo, como es el caso del Montepío Loreto. Para que se hagan a una idea, el nombre de esta entidad privada aparece en todos los convenios del sector del handling, coligando a las empresas de handling y a sus trabajadores con el Montepío Loreto, hasta el punto de encontrar trabajadores que pagan al Montepío desde el minuto uno de contrato y por obligación dentro de su convenio de empresa. Desde luego, no es de extrañar esta situación cuando es sabido que en la dirección de Loreto se alternan ambos sindicatos y que en el grupo directivo podemos encontrar los firmantes del Convenio Marco del Sector en nombre de esos sindicatos. Lo que es un misterio es qué nómina o participación tienen a nivel personal o como organizaciones.  

La promoción del Estado es tal que el pasado febrero entró en vigor una ley que llama la atención por autorizar la recuperación del capital invertido en planes de pensiones, una vez pasado un mínimo de diez años de cotización. Hoy, esto no se puede hacer con Loreto. Pero la Ley dicta que, a partir de 2025, se podrán rescatar los planes de pensiones de más de diez años. Veremos las reclamaciones que pueda recibir Loreto a partir de esa fecha. Pero ¿los pobres desgraciados que lo tengan en su convenio colectivo como obligación… podrán reclamarlo?

Lamentable que ese convenio esté firmado solo y exclusivamente por CCOO y UGT. Eso hace pensar que a cambio de esta imposición de la parte sindical se pueda estar cediendo en ventajas sociales o en las mismísimas cuestiones salariales (un 0,75% en la empresa que citamos).

Si de verdad nos preocupan las pensiones públicas, la honestidad sindical y que no se juegue con nuestros convenios laborales por intereses económicos

ajenos a nosotros… ¿qué hacen votando a mafias como CCOO y UGT? ¿Quién vota a estos sindicatos?

Pedro M. González Cánova

 

Jorge DortaJorge Dorta

Las naciones que mas progresan en el mundo son las que puntúan alto en los indices de libertad humana y de libertad económica, es decir aquellas que tienen instituciones políticas y económicas inclusivas, como separación de poderes, respeto por los derechos individuales, respeto por la libertad de expresión, libertad de comercio, etc... 

 

Canarias durante los puertos francos, época de libertades comerciales

Por otro parte el filósofo y revolucionario francés Pierre Joseph Proudhon - uno de los padres del anarquismo junto a Bakunin - decía que la propiedad es robo. ... y no le faltaba parte de razón.

En un sistema inclusivo de mercado libre, uno solo puede enriquecerse satisfaciendo las necesidades de los demás de forma eficiente. No se puede oprimir al consumidor porque los intercambios solo son libres y voluntarios, y por tanto solo se producen cuando benefician a ambas partes. En un sistema de libre mercado uno solo puede enriquecerse satisfaciendo las necesidades de los demás mas barato de que lo harían otros, o inventando formas nuevas de satisfacer esas necesidades o generando nuevas posibilidades a través de la innovación, que beneficia tanto al que la inventa como al que la usa. Bajo un sistema libre de mercado nuestro querido Pierre Joseph Roudhon no tendría razón, al menos no en cuanto a la propiedad generada bajo ese sistema.

Pero cuando no hay libertad de comercio ni de oportunidades el tema es muy distinto. Por ejemplo, durante el Antiguo Régimen, uno podía explotar al consumidor y al contribuyente todo lo que quería y más. Les podía obligar a moler su grano en el molino del señor, o a hornear el pan en el horno del señor ... de esta forma los intercambios dejaban de ser voluntarios y se convertían en obligados.  Durante el Antiguo Régimen la nobleza y el clero gozaban de amplísimos privilegios otorgados por la corona que les permitían explotar a sus vasallos feudales hasta decir basta. 

Hoy en muchas partes del mundo no es muy distinto. En Canarias uno se enriquece robando mediante privilegios que te da el estado... una subvención por aquí, un beneficio fiscal por allá, una concesión administrativa por aquí, una obrita con sobre-presupuesto por allá ... obligándote a comprarle la electricidad a Unelco-Endesa y el agua a Emalsa, .... o robando la tierra y especulando con ella para construir rotondas, centros comerciales, hoteles ilegales. etc... es decir causando un prejuicio a los demás, una externalidad negativa. Aquí nuestro querido amigo anarquista francés Pierre Joseph Roudhon si que tendría razón ... la mayor parte de la riqueza que hay en Canarias por no decir toda, es ilegítima. 

Canarias era un mercado más o menos libre durante la época de los puertos francos. Estábamos en la globalización antes de que existiera la globalización. En esa época en Canarias había de todo y barato, incluso venían de España y de África a comprar aquí. Exportábamos tabaco Krüeger a Sudafrica. Era la época de los ingleses, del comercio, de las relaciones con los tres continentes.

Pero poco a poco nos fueron sacando de la globalización y nos fueron quitando las libertades comerciales, convirtiéndonos en un pequeño feudo en donde tenemos que moler el grano en el molino del señor, tenemos que hornear el pan en el molino del señor, tenemos que pagar impuestos a tutiplen mientras el señor no paga impuestos.

Si como decíamos al principio de este articulo, el progreso de un país depende de las libertades comerciales que goce,... a principios del siglo XX importábamos de España el 12% de nuestras importaciones totales, hoy tenemos que moler el grano en el molino del señor y le importamos prácticamente todo, mas del 90% de nuestras importaciones totales. Si antes vendíamos fruta por toda Europa ahora ya ni la cultivamos. Nos desglobalizaron, nos convirtieron en un mercado cautivo para enriquecimiento de la Corona y de los señores feudales. 

La época de los puertos francos fue una época de progreso, si bien con sus problemas también. El principal problema fue que aunque las instituciones económicas se hicieron más inclusivas, las instituciones políticas siguieron siendo igual de extractivas. El poder siguió concentrado en las mismas manos, con lo que poco a poco fueron inclinando la balanza para su lado, permitiendo iniciativas solo cuando les beneficiara a ellos, siempre que no alterara los equilibrios de poder. Aunque hubo cierta apertura económica no la hubo política.

El poder del aparato administrativo siguió en manos de los de siempre, especialmente de la oligarquía tinerfeña santacrucera de apellido ilustre y comportamiento no tan ilustre. Esos señores feudales se unieron con otros pequeños señores feudales de las islas menores y montaron su chiringuito.

Pero en un sistema feudal es el rey el que otorga el poder, y en este caso el rey está en Madrid. Pero el rey tenía a su gobernador en la provincia, concrétamente en Capitanía General de Santa Cruz. La alianza entre la oligarquía tinerfeña y Capitanía General es larga, viene desde finales del siglo XVIII y principios del XIX y ha tenido un solo objetivo, conseguir mediante la alianza con el Estado español la supremacía política y económica en el archipiélago para Santa Cruz. 

Esa oligarquía santacrucera, después de la Transición, se disfrazó de lagarterana nacionalista,.. pero consiguieron que se aprobara una ley electoral fraudulenta que los mantiene en el poder sin la molesta necesidad de ganar las elecciones. Nos metieron en Europa y eliminaron cualquier rastro de libertad comercial o de nuestros fueros históricos, o de los puertos francos.  Nos desglobalizaron y nos refeudalizarón y, con ellos, se aseguraron el puesto de medianeros de España en la explotación del trabajador, del consumidor y del contribuyente canario.

A medida que nos fueron sacando de la globalización, ellos fueron llenándose los bolsillos y obteniendo privilegios de la "Corona" como antiguamente hacían los señores feudales, una licencia de importación del REA por aquí, una licencia de supermercado para vendérsela a los franceses por allá, un parque eólico por aquí, una empresa pública por allá, una RIC por aquí, una empresa financiada con RIC para dar servicio a las administraciones públicas por privatización del servicio allá, etc... 

Para algunos eso de la globalización es malo, mejor echarnos fuera, y volvamos al sector primario, soberanía alimentaria y energética gritan.... imagino que quieren revivir la autarquía de la época de Franco, ... o el feudalismo pintado de rojo en vez de azul. Quizás olvidan que si una clase social ha sido oprimida y explotada a lo largo de la historia esa es la de los campesinos. El señor hace siglos que sabe donde el campesino puede esconder el grano..... Si en una tipo de sociedades la mujer ha sido discriminada y marginada totalmente han sido en las sociedades agrarias..... aunque el sector primario tiene un cierto aire bucólico de libertad cuasi anarquista, los que creen que en la vuelta al sector primario está la solución del futuro de Canarias deberían pensárselo dos veces..... 

Quien sepa algo de historia sabrá que lo que acabó con el feudalismo no fue el socialismo sino el capitalismo, y que quienes le cortaron la cabeza a los reyes no fueron los anarquistas sino los liberales...... pero como los liberales son los malos, .... tras 500 años seguimos gobernados por los mismos señores feudales..... y a seguir pensando que el ecosocialismo es la solución y a ver si pasan otros 500 años más.

 

 

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