15.4.2019

Jesus Giraldez MaciaJesús  Giraldez Macía

 

La República romana, en el siglo II a.C., diseñó un novedoso sistema para obtener fondos. Las conquistas militares iban ampliando su territorio y el cobro de impuestos en las nuevas provincias se privatizó. Las empresas privadas acudían a una subasta pública y los contratistas -los publicanos- que realizaban la puja más alta se hacían con el servicio de recaudación de impuestos. Todo el dinero que pudieran conseguir por encima del valor que habían pagado en la subasta se convertía en ganancias. Es fácil comprender que las poblaciones conquistadas eran sometidas, entre otros abusos, a una brutal extorsión. Cuanto más las exprimían con impuestos, mayores eran los beneficios de la compañía privada.

Dos mil años más tarde el sistema se ha perfeccionado. Los servicios públicos básicos están siendo desmantelados a través de  las externalizaciones (que los dioses nos protejan de los eufemismos). Ahora no son las empresas privadas las que pagan al Estado para hacerse con determinado servicio, son las instituciones las que pagan a las empresas para que gestionen el servicio. Se supone que las instituciones se ahorran algo de dinero porque la empresa cubre el servicio con menos coste que el que le generaba cuando el Estado lo gestionaba directamente.

Tampoco hay que ser muy perspicaz para comprender que cuando se privatiza un servicio público por menos dinero del que le costaba a la correspondiente institución sus consecuencias son evidentes: los beneficios de la empresa se obtienen con un deterioro del servicio y, sobre todo, gracias a la sobrexplotación de los trabajadores y trabajadoras.

La Consejería de Educación de Canarias comenzó la privatización  de algunos de sus servicios hace varios años. Tal circunstancia se va extendiendo desde los servicios de limpieza a los de conserjería, pasando por determinados servicios de atención al alumnado.

En el año 2016 la Consejería de Educación contrató a la empresa Aeromédica Canaria S.L. para “la prestación de los servicios necesarios para la atención a los alumnos con discapacidad intelectual, motora, visual, auditiva o con trastornos graves de conducta escolarizados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Universidades, (...) con la finalidad de facilitar la integración de ese alumnado en el sistema educativo ordinario” (BOC de 3 de mayo de 2016). La empresa fue contratada por la sustanciosa cantidad de aproximadamente 13 millones de euros, aunque en el anuncio publicado no se especifica la duración del contrato.

Se trata, pues, de trabajadoras cualificadas (las mujeres son mayoría abrumadora en este servicio de atención al alumnado) que han sido contratadas por una empresa privada que ha sido contratada por una institución pública. La mayoría de los contratos son de 25 horas semanales. La nómina tipo (las hay más bajas) es de 800 euros brutos que, realizados los pertinentes descuentos, se queda en 733 euros a percibir. Las cuentas son claras: esas trabajadoras están atendiendo al alumnado con necesidades especiales por 7 euros a la hora.

No es consuelo que determinados oficios en el sector privado estén peor remunerados y sometidos a pésimas condiciones. La Consejería de Educación de Canarias explota a una parte de sus trabajadoras al tiempo que una empresa privada se lucra con la explotación. ¿Podría la consejera, Soledad Monzón, vivir con 700 euros al mes?, ¿no les da vergüenza que el cuidado y la atención de nuestro alumnado más necesitado se base en el descuido, la desatención y la explotación de sus trabajadoras?

 

 

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