J. BethencourtJaime Bethencourt

La reforma del Estatuto de Autonomía aprobada recientemente por el Congreso de diputados español, adolece de contenido que incorpore materias competenciales reseñables para ampliar el  autogobierno para Canarias. Igualmente, la reforma en el ámbito económico referido al REF, no va a garantizar necesariamente mejoras objetivas para la mayoría social de Canarias para la calidad de los servicios que reciben. Hasta la fecha, contrariamente, la distribución de los recursos provenientes de ese régimen económico realizados por todos los gobiernos autonómicos del Archipiélago, han acentuado el injusto reparto de la riqueza, marginando a las clases populares y a los trabajadores para favorecer a la minoría opulenta.

En materia electoral, hay que reseñar que, pese a rebajar  los topes para alcanzar presencia parlamentaria, se mantiene la desproporción entre voto y representación, elevando el valor del sufragio de determinados ciudadanos frente a otros en razón a su ubicación geográfica. 

No se trata sólo de que el Archipiélago se dote de mayores transferencias para ampliar su autogobierno, cosa que, además, no ha ocurrido, sino que las competencias ya delegadas sean correctamente gestionadas, y que el sistema autonómico redunde en el progreso social, combatiendo la extrema desigualdad social existente en Canarias.  Tras 36 años, los resultados del actual régimen autonómico y de sus gobiernos van en dirección contraria, con los peores indicadores laborales en salarios y empleo, los niveles más altos de pobreza, el más injusto reparto de la riqueza, una inadmisible desprotección a la dependencia, o los peores servicios públicos, además de un relevante extravío de las señas identitarias y culturales del País canario por la  promoción y culto  a todo lo foráneo.

Ciertamente, los gobiernos de España han castigado secularmente a los canarios con una  inversión inferior a las media de las comunidades autónomas, pero resulta igualmente evidente que esa discriminación ha sido deliberadamente tolerada por el conjunto de los ejecutivos autonómicos. Hay que recordar que la recaudación de la hacienda española en Canarias por operaciones comerciales globales,  es muy superior a las inversiones que realiza el Estado.

Los promotores de la actual reforma, además, han recurrido a la retórica para reseñar innecesariamente como objetivos a alcanzar, derechos ya reconocidos en la constitución española, pero además los proponentes han renunciado a elevar el actual e insuficiente nivel competencial al no plantear reivindicación alguna al Estado en materias básicas como un marco canario de relaciones laborales, aguas marinas, fiscalidad, hacienda canaria, seguridad social, costas, puertos, aeropuertos, inmigración o servicios fitosanitarios. El eufemismo de “región ultraperiférica” con el que la reforma estatutaria define a Canarias, aparte de extravagante, esquiva el más adecuado de territorio con unas estructuras económicas de carácter colonial, pero además, la obviedad de definirnos como archipiélago atlántico, pretende ignorar acomplejadamente la realidad geográfica africana del Archipiélago. 

 UN ESTATUTO QUE FALSEA NUESTRA HISTORIA Y CARECE DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

En su preámbulo, los redactores y promotores de la reforma estatutaria, por ignorancia o burda manipulación de la historia, no dudan en afirmar que “tras la conquista se produjo en Canarias una transformación de sus estructuras a la que los isleños se adaptaron rápidamente, asimilando la cultura y religión del conquistador”, cuando la realidad es que la resistencia de los antiguos canarios a la colonización española duró más de 100 años y esa “asimilación” se produjo por imposición y de forma cruenta, mediante las armas, la salvaje persecución y las prácticas esclavistas.   

Esta revisión del Estatuto vuelve a relegar a la bandera estrellada mayoritariamente asumida por los canarios para continuar imponiendo la enseña de los perros de sumisión a la desprestigiada y decadente monarquía española. Pero, además y sobre todo, hay que resaltar la ilegitimidad democrática del actual Estatuto y de sus reformas al haberse secuestrado a los canarios un referéndum en el que expresen su parecer sobre el mismo. Son estas las consecuencias de un gobierno y un parlamento  sin autoridad frente al ejecutivo del Estado. Una clase política que, encabezada por Coalición Canaria, se reconoce como incapaz para impulsar un verdadero autogobierno que conmute toda la cadena de factores negativos de carácter social y laboral  existentes en nuestra Nación canaria.

Jaime Bethencourt Rodríguez

Del Secretariado Nacional de Intersindical Canaria

MIGRACIÓN

 

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