Paco DenizPaco Déniz

La no tan nueva estrategia comunicativa de la derecha consiste en adoctrinar sobre la supuesta independencia judicial española. Más que nada para que nadie ose salirse del guión. Funciona a modo de guineo para despejarle el camino a la quinta del 155 (PP-PSOE-Cs). Y no son pocos los que, desde el quicio de la caverna mediática, quizás buscando un lugar en la nómina del régimen español, se han apresurado a hacer apología de lo independiente que es nuestra justicia de los poderes políticos y económicos. Muchos no preguntan, interrogan directamente a asustadizos ocasionales que miden sus palabras sopesando la cárcel, o la caza de brujas.
Por independencia de la justicia, dicho guineo, no admite que al propio Garzón lo echaran de la carrera judicial por investigar la Gürtel, que al juez Elpidio Silva lo echaran por encarcelar a Blesa, que a Pamparacuatro lo sacaran de Lanzarote cuando investigaba el caso Unión, que el propio jefe de los fiscales cayera con todo contra el juez Castro cuando juzgaba a la infanta y a Urdangarín. Según esta pléyade de comunicadores del régimen tenemos que decir alto y claro que existe democracia porque hay independencia de poderes.
En la película la lengua de las mariposas, cuando se llevaban al maestro protagonista Fernando Fernán Gómez a fusilarlo durante el golpe de estado del 36, las autoridades franquistas y otro poder terrible, el del miedo, vigilaban que todos los ciudadanos insultaran activa y destacadamente al maestro para demostrar que eran adeptos a la cruzada contra el peligro rojo. Pues esta cruzada 155 que toma nota de quién no se suma a sus filas, ha logrado que no se hable de la corrupción y, sobre todo, ha logrado amasar un cardumen conservador y ultraderechista que funciona como cuerpo intimidatorio y pozo electoral. Y se ha sumado el PSOE, no por la espiral del silencio, sino convencidos de su devoción por la marca España. Que es la que es y no otra. La que todos estamos viendo. La que alimenta con total impunidad las bandas fascistas que apalean a la gente por las calles por no gritar ¡viva España! La que justifica decisiones judiciales que no se sostienen jurídicamente, y que enfrenta al Supremo con la Audiencia por el delito de rebelión y encarcelamiento para el Govern.
En definitiva, una estrategia que legitima actuaciones judiciales orquestadas desde el gobierno de Rajoy que utiliza a la fiscalía como avanzadilla para acabar con opositores políticos que, por no tirar, no tiran ni un papel al suelo. La justicia europea por ahora lo tiene claro, la jueza Lamela no tanto. La propia justicia española intentó encarcelar a unos titiriteros, a una bloguera alternativa, y aplicarle la legislación antiterrorista a los jóvenes de Alsasua. Es decir, lo que vienen a ser garantías de tener un juicio justo. Un sistema judicial que se cargó el estatuto de autonomía catalán y, de paso, el pacto territorial sobre el que se asentaba la constitución.
Y así anda la quinta del 155, criminalizando y encarcelando a opositores por atreverse a poner unas urnas para decidir la relación con el Estado y por pensar que la constitución no la escribió Moisés en piedra después de terminar con los mandamientos. No se puede decidir en las urnas modelos de organización social, solo está permitido votar a partidos, aunque ni eso parece estar del todo claro, en Catalunya dependerá de cómo vayan las cosas y podrán ser ilegales hasta los programas electorales. Tampoco está claro que el gobierno central permita la presencia de algunos presos políticos en las listas electorales. Lo que sí ha ido avanzando el régimen es que el resultado electoral de diciembre se respetará solo si gana la quinta del 155