Más que palabras

15.5.2019

Rese 1

15.5

 

 

 

breve laboral

Breve laboral

 

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PRESCINDE DE LA EMPRESA PI-RATA RALONS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rescindió el contrato de limpieza de escuelas y centros formativos a la empresa Ralons, después de que debiera hasta tres salarios a sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó esta medida de emergencia para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, las sedes de la Uni-versidad Popular, las sedes de la Escuela Municipal de Educación Musical y los cen-tros de promoción sociocultural adscritos a la sección de Educación, que pasaran a manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

 

La MITAD DE LAS HORAS EXTRAS NO LAS ABONA EL EMPRESARIO

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado espa-ñol hay 797.000 trabajadores que realizan horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del to-tal de asalariados), de los que casi la mitad no cobra ni cotiza por ellas. A partir del día 12 de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a comprobar si las empresas cuentan con un registro de jornada.

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EL TRASTORNO DEPRESIVO DE UNA MÉDICA RECONOCIDO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el trastorno depresivo que motivó la baja de una médica del Servicio Canario de Salud tiene su origen en las condiciones laborales de la de-mandante y, más en concreto, de la sobrecarga de trabajo. La trabajadora denunció atender un promedio de 50 pacientes al día. Las consecuencias del fallo son el incre-mento de la prestación que recibe la demandante del 60% al 75% por contingencia profesional. Además, abre la puerta a recibir una posible indemnización.

 

ACUERDO SINDICAL CON CAIXABANK

Con unas dos mil extinciones forzosas y movilidad geográfica, la mayoría sindical firmó un acuerdo estatal con la dirección de Caixabank que deja en manos de la Empresa los criterios para proceder al libre traslado de los trabajadores hasta a una distancia de 75 Km (inicialmente 25 Km) de su anterior puesto de trabajo. La entidad negoció un ERE con la Empresa que afecta a 2013 trabajadores del conjunto del Estado.

Memoria


Sin rodeos

Otro charrasquido del gobierno y sus figurantes sindicales

Con la tardía recuperación de la jornada laboral y la reducción horaria de los trabajadores de la  Sanidad y la Educación pública, el gobierno de Clavijo se vuelve a retratar mostrando su verdadero perfil mezquino y fullero. Es sobradamente conocido que desde que se implantase la prolongación de la jornada laboral en el sector público, Intersindical Canaria, frente a la desgana del resto de sindicatos, ha mantenido en solitario la presión para exigir del Gobierno canario la restitución de este y otros derechos hurtados a los trabajadores. La teatralización de la firma del “acuerdo” entre el presidente Clavijo y las direcciones de los sindicatos godos CC.OO, UGT y CSIF, por la que los trabajadores públicos recuperarían su jornada laboral, resulta una escenificación bufa de malos actores que suplantan el mérito ajeno, para lo cual, además, el Gobierno prescinde ilegal y descaradamente de la organización mayoritaria en el sector público y veta la presencia de Intersindical Canaria como verdadera artífice de la capitulación gubernamental. Una vez logrados nuestros objetivos en favor de los trabajadores, auguramos tras esta farsa una nueva caída en la ya precaria credibilidad de Coalición Canaria y de sus escuderos sindicales.

 

MIRACLa reforma del Estatuto de Autonomía aprobada recientemente por el Congreso de diputados español, adolece de contenido que incorpore materias competenciales reseñables para ampliar el  autogobierno para Canarias. Igualmente, la reforma en el ámbito económico referido al REF, no va a garantizar necesariamente mejoras objetivas para la mayoría social de Canarias para la calidad de los servicios que reciben. Hasta la fecha, contrariamente, la distribución de los recursos provenientes de ese régimen económico realizados por todos los gobiernos autonómicos del Archipiélago, han acentuado el injusto reparto de la riqueza, marginando a las clases populares y a los trabajadores para favorecer a la minoría opulenta.

 

No se trata sólo de que el Archipiélago se dote de mayores transferencias para ampliar su autogobierno, cosa que, además, no ha ocurrido, sino que las competencias ya delegadas sean correctamente gestionadas, y que el sistema autonómico redunde en el progreso social, combatiendo la extrema desigualdad social existente en Canarias.  Tras 36 años, los resultados del actual régimen autonómico y de sus gobiernos van en dirección contraria, con los peores indicadores laborales en salarios y empleo, los niveles más altos de pobreza, el más injusto reparto de la riqueza, una inadmisible desprotección a la dependencia, o los peores servicios públicos, además de un relevante extravío de las señas identitarias y culturales del País canario por la  promoción y culto  a todo lo foráneo.

Ciertamente, los gobiernos de España han castigado secularmente a los canarios con una  inversión inferior a las media de las comunidades autónomas, pero resulta igualmente evidente que esa discriminación ha sido deliberadamente tolerada por el conjunto de los ejecutivos autonómicos. Hay que recordar que la recaudación de la hacienda española en Canarias por operaciones comerciales globales,  es muy superior a las inversiones que realiza el Estado.

Los promotores de la actual reforma, además, han recurrido a la retórica para reseñar innecesariamente como objetivos a alcanzar, derechos ya reconocidos en la constitución española, pero además los proponentes han renunciado a elevar el actual e insuficiente nivel competencial al no plantear reivindicación alguna al Estado en materias básicas como un marco canario de relaciones laborales, aguas marinas, fiscalidad, hacienda canaria, seguridad social, costas, puertos, aeropuertos, inmigración o servicios fitosanitarios. El eufemismo de “región ultraperiférica” con el que la reforma estatutaria define a Canarias, aparte de extravagante, esquiva el más adecuado de territorio con unas estructuras económicas de carácter colonial, pero además, la obviedad de definirnos como archipiélago atlántico, pretende ignorar acomplejadamente la realidad geográfica africana del Archipiélago. 

 UN ESTATUTO QUE FALSEA NUESTRA HISTORIA Y CARECE DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

En su preámbulo, los redactores y promotores de la reforma estatutaria, por ignorancia o burda manipulación de la historia, no dudan en afirmar que “tras la conquista se produjo en Canarias una transformación de sus estructuras a la que los isleños se adaptaron rápidamente, asimilando la cultura y religión del conquistador”, cuando la realidad es que la resistencia de los antiguos canarios a la colonización española duró más de 100 años y esa “asimilación” se produjo por imposición y de forma cruenta, mediante las armas, la salvaje persecución y las prácticas esclavistas.   

Esta revisión del Estatuto vuelve a relegar a la bandera estrellada mayoritariamente asumida por los canarios para continuar imponiendo la enseña de los perros de sumisión a la desprestigiada y decadente monarquía española. Pero, además y sobre todo, hay que resaltar la ilegitimidad democrática del actual Estatuto y de sus reformas al haberse secuestrado a los canarios un referéndum en el que expresen su parecer sobre el mismo. Son estas las consecuencias de un gobierno y un parlamento  sin autoridad frente al ejecutivo del Estado. Una clase política que, encabezada por Coalición Canaria, se reconoce como incapaz para impulsar un verdadero autogobierno que conmute toda la cadena de factores negativos de carácter social y laboral  existentes en nuestra Nación canaria.

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