Más que palabras

15.5.2019

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15.5

 

 

 

breve laboral

Breve laboral

 

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PRESCINDE DE LA EMPRESA PI-RATA RALONS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rescindió el contrato de limpieza de escuelas y centros formativos a la empresa Ralons, después de que debiera hasta tres salarios a sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó esta medida de emergencia para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, las sedes de la Uni-versidad Popular, las sedes de la Escuela Municipal de Educación Musical y los cen-tros de promoción sociocultural adscritos a la sección de Educación, que pasaran a manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

 

La MITAD DE LAS HORAS EXTRAS NO LAS ABONA EL EMPRESARIO

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado espa-ñol hay 797.000 trabajadores que realizan horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del to-tal de asalariados), de los que casi la mitad no cobra ni cotiza por ellas. A partir del día 12 de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a comprobar si las empresas cuentan con un registro de jornada.

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EL TRASTORNO DEPRESIVO DE UNA MÉDICA RECONOCIDO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el trastorno depresivo que motivó la baja de una médica del Servicio Canario de Salud tiene su origen en las condiciones laborales de la de-mandante y, más en concreto, de la sobrecarga de trabajo. La trabajadora denunció atender un promedio de 50 pacientes al día. Las consecuencias del fallo son el incre-mento de la prestación que recibe la demandante del 60% al 75% por contingencia profesional. Además, abre la puerta a recibir una posible indemnización.

 

ACUERDO SINDICAL CON CAIXABANK

Con unas dos mil extinciones forzosas y movilidad geográfica, la mayoría sindical firmó un acuerdo estatal con la dirección de Caixabank que deja en manos de la Empresa los criterios para proceder al libre traslado de los trabajadores hasta a una distancia de 75 Km (inicialmente 25 Km) de su anterior puesto de trabajo. La entidad negoció un ERE con la Empresa que afecta a 2013 trabajadores del conjunto del Estado.

Memoria


Sin rodeos

Otro charrasquido del gobierno y sus figurantes sindicales

Con la tardía recuperación de la jornada laboral y la reducción horaria de los trabajadores de la  Sanidad y la Educación pública, el gobierno de Clavijo se vuelve a retratar mostrando su verdadero perfil mezquino y fullero. Es sobradamente conocido que desde que se implantase la prolongación de la jornada laboral en el sector público, Intersindical Canaria, frente a la desgana del resto de sindicatos, ha mantenido en solitario la presión para exigir del Gobierno canario la restitución de este y otros derechos hurtados a los trabajadores. La teatralización de la firma del “acuerdo” entre el presidente Clavijo y las direcciones de los sindicatos godos CC.OO, UGT y CSIF, por la que los trabajadores públicos recuperarían su jornada laboral, resulta una escenificación bufa de malos actores que suplantan el mérito ajeno, para lo cual, además, el Gobierno prescinde ilegal y descaradamente de la organización mayoritaria en el sector público y veta la presencia de Intersindical Canaria como verdadera artífice de la capitulación gubernamental. Una vez logrados nuestros objetivos en favor de los trabajadores, auguramos tras esta farsa una nueva caída en la ya precaria credibilidad de Coalición Canaria y de sus escuderos sindicales.

 

ThumbnailHandler El gobierno de Clavijo mantiene su conjura contra los derechos laborales de los canarios. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se recoge que las distintas administraciones públicas pueden negociar con su personal el abonar el 100% de sus retribuciones en la situación de incapacidad temporal, desapareciendo el castigo por estar enfermo. Recordar que desde octubre de 2012 los empleados públicos vimos rebajado nuestro sueldo a la mitad durante los tres primeros días de baja por contingencia común. A partir del cuarto día de ausencia, la nómina se nos reduce un 25% hasta el vigésimo, que es cuando recuperamos nuestro salario completo. En su momento, el Gobierno de España justificó esa medida por la necesidad de conseguir un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros, “en una etapa en la que el déficit público se encontraba disparado”. Recordar también que durante ese periodo las prebendas, beneficios, retribuciones e indemnizaciones de los políticos, asesores y altos cargos no sufrió merma.

 

Después de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la Administración General del Estado, acordó eliminar cualquier descuento por enfermedad a su personal, al igual que distintas administraciones autonómicas, como muchas de las administraciones locales de nuestra Comunidad Canaria. Y el Gobierno de Canarias ¿qué ha hecho? Pues nada. Una vez más, como es habitual en su gestión de personal, nos desprecia y penaliza de manera injusta. Primero con una inspección médica administrativa que desprecia el trabajo de los profesionales del propio Servicio Canario de la Salud. Viendo como el resto de Administraciones Públicas aplican la medida, casi de manera inmediata, “el Gobierno Canario que dice defender a los canarios y canarias” sigue manteniendo vigente la Orden por la que se establecen los términos del descuento en nómina aplicable al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, en los supuestos de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que dé lugar a una situación de incapacidad temporal. Los últimos informes de organismos oficiales y asociaciones de carácter nacional sitúan a Canarias en la cola de Sanidad pública, en las inversiones en educación y en los Servicios Sociales como la Dependencia, donde la media de espera para obtener la ayuda es de tres años. Después de los últimos años de recortes a los servicios públicos de los canarios, tanto en inversiones materiales como en recursos humanos, que pueden ser cuantificadas en once mil empleos públicos en los últimos nueve años, Intersindical Canaria tiene claro que los servicios públicos se han mantenido y se mantienen por la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación de los empleados públicos. Si fuera por la gestión realizada por los políticos, altos cargos y asesores del Gobierno de Canarias, los servicios públicos hubieran colapsado hace mucho tiempo. Pues a pesar de este esfuerzo de las empleadas y los empleados públicos, el Gobierno de Canarias, mantiene el castigo a los empleados públicos que enferman y causan IT, a pesar de que en su mano está el restaurar un derecho que fue sustraído aprovechando la coyuntura de la cacareada crisis económica. INTERSINDICAL CANARIA ha reclamado al Gobierno de Canarias la eliminación de cualquier descuento por enfermedad del personal en todos los ámbitos de representación y en especial a sus propias administraciones. Las peticiones realizadas tanto en las mesas de negociación como las reclamaciones realizadas al Consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, han caído en saco roto. Esto es una prueba más de la falta de interés por el sector público canario y por los Servicios Públicos del Gobierno “nacionalista” de Coalición Canaria, que prefiere evidenciar su servilismo e incompetencia culpando de todos a Madrid, a estimular a su personal que ha dejado las pestañas para garantizar la salvaguarda de lo que es de todos. Desde INTERSINDICAL CANARIA esperemos que el gobierno servil de Coalición Canaria tome ejemplo del GOBIERNO VASCO, que el próximo 19 de septiembre celebrará mesa negociación sobre "la aprobación de un decreto para que el personal público vuelva a cobrar el 100% de sus retribuciones en caso de baja y desde el primer día” medida que tendrá efectos desde el 1 de setiembre. Desde esta representación sindical instamos al ejecutivo canario a que tome la iniciativa y convoque la mesa general de empleados públicos de Canarias, y apruebe un decreto para que los empleados públicos de Canarias vuelvan a cobrar el 100% de sus retribuciones en caso de baja y desde el primer día.

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