Más que palabras

15.5.2019

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15.5

 

 

 

breve laboral

Breve laboral

 

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PRESCINDE DE LA EMPRESA PI-RATA RALONS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rescindió el contrato de limpieza de escuelas y centros formativos a la empresa Ralons, después de que debiera hasta tres salarios a sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó esta medida de emergencia para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, las sedes de la Uni-versidad Popular, las sedes de la Escuela Municipal de Educación Musical y los cen-tros de promoción sociocultural adscritos a la sección de Educación, que pasaran a manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

 

La MITAD DE LAS HORAS EXTRAS NO LAS ABONA EL EMPRESARIO

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado espa-ñol hay 797.000 trabajadores que realizan horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del to-tal de asalariados), de los que casi la mitad no cobra ni cotiza por ellas. A partir del día 12 de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a comprobar si las empresas cuentan con un registro de jornada.

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EL TRASTORNO DEPRESIVO DE UNA MÉDICA RECONOCIDO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el trastorno depresivo que motivó la baja de una médica del Servicio Canario de Salud tiene su origen en las condiciones laborales de la de-mandante y, más en concreto, de la sobrecarga de trabajo. La trabajadora denunció atender un promedio de 50 pacientes al día. Las consecuencias del fallo son el incre-mento de la prestación que recibe la demandante del 60% al 75% por contingencia profesional. Además, abre la puerta a recibir una posible indemnización.

 

ACUERDO SINDICAL CON CAIXABANK

Con unas dos mil extinciones forzosas y movilidad geográfica, la mayoría sindical firmó un acuerdo estatal con la dirección de Caixabank que deja en manos de la Empresa los criterios para proceder al libre traslado de los trabajadores hasta a una distancia de 75 Km (inicialmente 25 Km) de su anterior puesto de trabajo. La entidad negoció un ERE con la Empresa que afecta a 2013 trabajadores del conjunto del Estado.

Memoria


Sin rodeos

Otro charrasquido del gobierno y sus figurantes sindicales

Con la tardía recuperación de la jornada laboral y la reducción horaria de los trabajadores de la  Sanidad y la Educación pública, el gobierno de Clavijo se vuelve a retratar mostrando su verdadero perfil mezquino y fullero. Es sobradamente conocido que desde que se implantase la prolongación de la jornada laboral en el sector público, Intersindical Canaria, frente a la desgana del resto de sindicatos, ha mantenido en solitario la presión para exigir del Gobierno canario la restitución de este y otros derechos hurtados a los trabajadores. La teatralización de la firma del “acuerdo” entre el presidente Clavijo y las direcciones de los sindicatos godos CC.OO, UGT y CSIF, por la que los trabajadores públicos recuperarían su jornada laboral, resulta una escenificación bufa de malos actores que suplantan el mérito ajeno, para lo cual, además, el Gobierno prescinde ilegal y descaradamente de la organización mayoritaria en el sector público y veta la presencia de Intersindical Canaria como verdadera artífice de la capitulación gubernamental. Una vez logrados nuestros objetivos en favor de los trabajadores, auguramos tras esta farsa una nueva caída en la ya precaria credibilidad de Coalición Canaria y de sus escuderos sindicales.

 

          DSC01390Nuevamente, la “mayoría” sindical, vuelven a convocar un paro simbólico de dos horas en el servicio de Correos por el actual proceso de desmantelamiento y falta de financiación que ha llevado a la grave situación en la que se encuentra el servicio postal público. Una circunstancias éstas estas que desde hace tiempo es sobradamente conocida y que INTERSINDICAL CANARIA también ha denunciado en coincidencia con algunos de los aspectos planteados por la "mayoría" sindical foránea de CCOO, CSIF, UGT y Sindicato Libre.

        Ahora bien, continuando con su proceder en anteriores convocatorias, las organizaciones convocantes no han consensuado ni han invitado a una parte de la representaciones sindicales con presencia en Correos a participar es esta protestas, al igual que tampoco lo han hecho con las diferentes organizaciones nacionalistas del conjunto del Estado, motivo por el cual ni INTERSINDICAL CANARIA ni otros sindicatos PARTICIPAN EN ESTE PARO, al igual que ocurre en otros territorios. Claro que hay motivos para las protestas, pero reiteramos que nuestro sindicato sólo apoyará las decisiones que emanen del conjunto y consenso de los trabajadores y de su representación sindical territorial, previa valoración y concreción de las acciones, pero no participará en convocatorias impuestas desde Madrid y contraproducentes como esta que ya se han demostrado manifiestamente ineficaces y que, al contrario del objetivo que dicen perseguir, debilita la posición de los trabajadores ante el Gobierno y su ministerio de Fomento. 

 

        La caótica gestión de nuestro servicio público postal la confirma el propio Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas cuando, entre otros muchos datos descubre que Correos ha vendido edificios propios por valor de 22 millones en paradero desconocido. Ha venido realizando contratos ruinosos con sus clientes, dejando de ingresar hasta 585 millones de euros en dos años. Pero además, se ha reducido progresivamente la inversión anual para el mantenimiento de las actividades postales. Todo ello nos lleva a afirmar que los propios gestores de Correos son cómplices de convertir la empresa en deficitaria, y es evidente qué estas políticas son los pasos para continuar la vía de la “privatización”.

      Mientras las condiciones de trabajo siguen de mal en peor y el futuro es cada vez más incierto, las cifras de pérdidas de puestos de trabajo  laboral fijo y funcionario ya ascienden a más de 600 puestos de trabajo fijos, destacando como principales problemas la pérdida de empleo y calidad laboral  así como un manifiesto empeoramiento del servicio al ciudadano, además de una gestión, marcadamente negativa de los responsables del servicio en el Estado español y en Canarias, quienes parecen haber sido seleccionados con el único objetivo de sabotear en nuestras islas el servicio público postal.

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Opinión

 

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