Más que palabras

15.5.2019

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15.5

 

 

 

breve laboral

Breve laboral

 

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PRESCINDE DE LA EMPRESA PI-RATA RALONS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rescindió el contrato de limpieza de escuelas y centros formativos a la empresa Ralons, después de que debiera hasta tres salarios a sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó esta medida de emergencia para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, las sedes de la Uni-versidad Popular, las sedes de la Escuela Municipal de Educación Musical y los cen-tros de promoción sociocultural adscritos a la sección de Educación, que pasaran a manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

 

La MITAD DE LAS HORAS EXTRAS NO LAS ABONA EL EMPRESARIO

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado espa-ñol hay 797.000 trabajadores que realizan horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del to-tal de asalariados), de los que casi la mitad no cobra ni cotiza por ellas. A partir del día 12 de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a comprobar si las empresas cuentan con un registro de jornada.

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EL TRASTORNO DEPRESIVO DE UNA MÉDICA RECONOCIDO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el trastorno depresivo que motivó la baja de una médica del Servicio Canario de Salud tiene su origen en las condiciones laborales de la de-mandante y, más en concreto, de la sobrecarga de trabajo. La trabajadora denunció atender un promedio de 50 pacientes al día. Las consecuencias del fallo son el incre-mento de la prestación que recibe la demandante del 60% al 75% por contingencia profesional. Además, abre la puerta a recibir una posible indemnización.

 

ACUERDO SINDICAL CON CAIXABANK

Con unas dos mil extinciones forzosas y movilidad geográfica, la mayoría sindical firmó un acuerdo estatal con la dirección de Caixabank que deja en manos de la Empresa los criterios para proceder al libre traslado de los trabajadores hasta a una distancia de 75 Km (inicialmente 25 Km) de su anterior puesto de trabajo. La entidad negoció un ERE con la Empresa que afecta a 2013 trabajadores del conjunto del Estado.

Memoria


Sin rodeos

Otro charrasquido del gobierno y sus figurantes sindicales

Con la tardía recuperación de la jornada laboral y la reducción horaria de los trabajadores de la  Sanidad y la Educación pública, el gobierno de Clavijo se vuelve a retratar mostrando su verdadero perfil mezquino y fullero. Es sobradamente conocido que desde que se implantase la prolongación de la jornada laboral en el sector público, Intersindical Canaria, frente a la desgana del resto de sindicatos, ha mantenido en solitario la presión para exigir del Gobierno canario la restitución de este y otros derechos hurtados a los trabajadores. La teatralización de la firma del “acuerdo” entre el presidente Clavijo y las direcciones de los sindicatos godos CC.OO, UGT y CSIF, por la que los trabajadores públicos recuperarían su jornada laboral, resulta una escenificación bufa de malos actores que suplantan el mérito ajeno, para lo cual, además, el Gobierno prescinde ilegal y descaradamente de la organización mayoritaria en el sector público y veta la presencia de Intersindical Canaria como verdadera artífice de la capitulación gubernamental. Una vez logrados nuestros objetivos en favor de los trabajadores, auguramos tras esta farsa una nueva caída en la ya precaria credibilidad de Coalición Canaria y de sus escuderos sindicales.

 

1904819El 9 de marzo, se firmó un acuerdo entre el ministro Montoro y las organizaciones sindicales CCOO, CSI-F y UGT en el que, entre otras cuestiones, se establecen los incrementos retributivos de los empleados y empleadas públicos para el período 2018-2020. En este acuerdo se prevé un aumento de estas retribuciones del 8’75% en tres años, pero en realidad la parte fija junto con los fondos adicionales supone el 6’5%, mientras que el resto, el 1’5%, evolucionará paralelamente al comportamiento del PIB, y el 0'55% se vinculará íntegramente al cumplimiento del objetivo de déficit de las Administraciones Públicas en 2020. Por tanto, la primera valoración es negativa, puesto que se ha lanzado un mensaje falto de rigor y que peca de un exceso de optimismo.

 

Sin referencia al IPC

Hay que destacar que el Acuerdo omite cualquier referencia a la variación del IPC, un 4’4% de media para el periodo indicado dependiendo de las fuentes, que se tiene que restar del 8’75% de aumento. Si, además, ajustamos la propuesta de incrementos retributivos variables vinculados al cumplimiento del objetivo de crecimiento del PIB y de reducción del déficit público a las previsiones del mismo Gobierno, del FMI o del Banco de España, la pomposa cifra del 8’75% de incremento salarial puede verse seriamente restringida, ya que los objetivos de crecimiento económico del 2’5% del PIB para 2018 y 2019 son difíciles de conseguir y la reducción del déficit público al 0’5% del PIB en 2020 es poco menos que una quimera.

Aumento de un 2’95% real

Por estas razones, y con la prudencia que requiere una situación económica internacional bastante voluble, desde la Confederación Intersindical estimamos el aumento retributivo para el periodo 2018-2020 en un 2’95 % real. Con estos datos, la valoración nunca puede ser positiva si hablamos en términos de recuperación del poder adquisitivo perdido.

El contenido retributivo del Acuerdo es confuso y está sujeto a excesivos condicionantes futuros que lo convierten en una entelequia difícil de valorar y, al mismo tiempo, susceptible de titulares grandilocuentes que nada tienen que ver con la realidad. El anunciado aumento retributivo del personal de las Administraciones Públicas, superior al 8% en tres años, puede quedarse en un espejismo del 2’95 % si la evolución de los indicadores macroeconómicos, tanto del IPC, del PIB o del déficit público no es muy favorable. Y todo apunta a que no hay muchas probabilidades de que así sea.

Para la Intersindical con este Acuerdo retributivo se ha pretendido esconder, con promesas e ilusiones económicas sin fundamento, una cruda realidad: un aumento que a duras penas llega a un 3% en tres años, mientras que las trabajadoras y trabajadores públicos arrastramos a nuestras espaldas una pérdida de poder adquisitivo que perfectamente puede alcanzar el 16’6% desde 2010. Pensamos que tanto el ministro de Hacienda como las organizaciones sindicales firmantes, CCOO, UGT y CSI-F, por razones diferentes, pretenden consolidar la repercusión de la crisis económica en las trabajadoras y trabajadores públicos: el primero, porque nunca ha creído en los servicios públicos y en la dignidad de la clase trabajadora y, los otros, porque han carecido de perspectiva global y a largo plazo de las consecuencias de este Acuerdo.

Intersindical denuncia públicamente la penosa realidad y sigue reivindicando la recuperación plena del poder adquisitivo del personal de las Administraciones Públicas.

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