Más que palabras

15.5.2019

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15.5

 

 

 

breve laboral

Breve laboral

 

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PRESCINDE DE LA EMPRESA PI-RATA RALONS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rescindió el contrato de limpieza de escuelas y centros formativos a la empresa Ralons, después de que debiera hasta tres salarios a sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó esta medida de emergencia para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, las sedes de la Uni-versidad Popular, las sedes de la Escuela Municipal de Educación Musical y los cen-tros de promoción sociocultural adscritos a la sección de Educación, que pasaran a manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

 

La MITAD DE LAS HORAS EXTRAS NO LAS ABONA EL EMPRESARIO

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado espa-ñol hay 797.000 trabajadores que realizan horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del to-tal de asalariados), de los que casi la mitad no cobra ni cotiza por ellas. A partir del día 12 de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a comprobar si las empresas cuentan con un registro de jornada.

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EL TRASTORNO DEPRESIVO DE UNA MÉDICA RECONOCIDO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el trastorno depresivo que motivó la baja de una médica del Servicio Canario de Salud tiene su origen en las condiciones laborales de la de-mandante y, más en concreto, de la sobrecarga de trabajo. La trabajadora denunció atender un promedio de 50 pacientes al día. Las consecuencias del fallo son el incre-mento de la prestación que recibe la demandante del 60% al 75% por contingencia profesional. Además, abre la puerta a recibir una posible indemnización.

 

ACUERDO SINDICAL CON CAIXABANK

Con unas dos mil extinciones forzosas y movilidad geográfica, la mayoría sindical firmó un acuerdo estatal con la dirección de Caixabank que deja en manos de la Empresa los criterios para proceder al libre traslado de los trabajadores hasta a una distancia de 75 Km (inicialmente 25 Km) de su anterior puesto de trabajo. La entidad negoció un ERE con la Empresa que afecta a 2013 trabajadores del conjunto del Estado.

Memoria


Sin rodeos

Otro charrasquido del gobierno y sus figurantes sindicales

Con la tardía recuperación de la jornada laboral y la reducción horaria de los trabajadores de la  Sanidad y la Educación pública, el gobierno de Clavijo se vuelve a retratar mostrando su verdadero perfil mezquino y fullero. Es sobradamente conocido que desde que se implantase la prolongación de la jornada laboral en el sector público, Intersindical Canaria, frente a la desgana del resto de sindicatos, ha mantenido en solitario la presión para exigir del Gobierno canario la restitución de este y otros derechos hurtados a los trabajadores. La teatralización de la firma del “acuerdo” entre el presidente Clavijo y las direcciones de los sindicatos godos CC.OO, UGT y CSIF, por la que los trabajadores públicos recuperarían su jornada laboral, resulta una escenificación bufa de malos actores que suplantan el mérito ajeno, para lo cual, además, el Gobierno prescinde ilegal y descaradamente de la organización mayoritaria en el sector público y veta la presencia de Intersindical Canaria como verdadera artífice de la capitulación gubernamental. Una vez logrados nuestros objetivos en favor de los trabajadores, auguramos tras esta farsa una nueva caída en la ya precaria credibilidad de Coalición Canaria y de sus escuderos sindicales.

 

        Sin tituloRepresentantes de La Fed. de Administraciones Públicas de Intersindical, formalizan la denuncia en la Fiscalía La Federación de Administraciones Públicas de Intersindical Canaria  ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que más de 350 profesores se encuentran fuera de las aulas realizando tareas administrativas en distintas consejerías del Gobierno de Canarias.

        Se trata de nombramientos consentidos por la Dirección General de la Función Pública y validados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que considera graves y fraudulentos y suponen un “alto coste” para las arcas de la Comunidad.

         Para obtener la información, el sindicato tuvo que recurrir al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, y actualmente estudia detalladamente las funciones de cada uno de los docentes que desarrollan funciones meramente administrativas y destinados en los centros directivos.

 

           Ante las solicitudes de información a la Consejería de Educación, la respuesta ha sido de no sabe no contesta. Esta utilización de docentes para servicios administrativos supone un coste de unos 18 millones de euros al año para la Comunidad Autónoma, además de una disminución del número de efectivos en las aulas y sus consecuencias negativas en el sistema educativo canario.

            Estos docentes que realizan funciones administrativas reciben una cuantía extra mensual de 224,39 y 395,03 euros, según el tipo de coordinación que reciben, utilizando el subterfugio de los nombramientos de docentes para programas educativos, puestos especializados de apoyo o asesoramiento técnico educativo, para nombrar de forma ilícita e ilegítima a docentes para centros directivos del Gobierno de Canarias, para realizar funciones meramente administrativas.

              Se da la paradoja, que están realizando funciones administrativas que anteriormente las realizaban funcionarios o personal laboral de Administración General de la Comunidad, y ahora la realizan docentes, grupos A1 y A2, con el aumento considerable en las retribuciones, realizando el mismo trabajo.

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Opinión

 

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