Más que palabras

Sin titulo6

breve laboral

UN JUEZ INQUISIDOR EN LAS PALMAS: El juez Luis Galván Mesa, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, continúa tensionado las actividades laborales, Por tercera vez, el magistrado impidió a una funcionaria realizar sus actividades coincidiendo con el turno de guardia en el Juzgado, pero además impidió a los representantes de los trabajadores personarse en el lugar para mostrar su solidaridad con la trabajadora represaliada. El ambos casos el juez inquisidor recurrió a la Guardia civil para lograr sus objetivos.

 

RECONOCIMIENTO DE ENFERMADES PROFESIONALES EN LA HOSTELERÍA: A falta de conocer la operatividad de lo pactado, a las camareras de piso les ha sido reconocida algunas de sus dolencias como enfermedades profesionales, Son aquellas que se produzcan por movimientos repetitivos  durante su trabajo, además del síndrome de túnel carpiano. Dicen que la petición fue formulada por los gobiernos de Canarias y Baleares.

 

LA MITAD DE HORAS EXTRAS NO SE PAGAN: Según la Encuesta de la población activa, en el conjunto del Estado el número de horas extra trabajadas fueron en el segundo trimestre (abril-junio) de 2018 una media de 6,8 millones de horas extra a la semana, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2009, que equivaldrían a la creación de 95.900 empleos asalariados a tiempo completo (40 horas/semana). De ellas, 3 millones de esas horas no fueron pagadas (el 44% del total) lo que equivaldrían a la creación de 74.700 empleos asalariados a tiempo completo.

 

PIDEN DESBLOUEAR LA LEY DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS: Un total de diez organizaciones con presencia en el en sector de las policía municipal del país canario han reclamado a los alcaldes  alcanzar un consenso en el borrador de la nueva ley y dejar de hacer propuestas fuera de las mesas negociadoras que sólo buscan rédito político sin mejorar la indeseable situación de estos colectivo de trabajadores.

 

Memoria

1506103937556gEl Gobierno ha acordado hoy denunciar ante la Fiscalía a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, la remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa hasta que la justicia se pronuncie.

La compañía es propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y tiene presencia en todo el país por los concursos ganados para la vigilancia de edificios de distintas Administraciones públicas.

 

El Gobierno ya llevó ante la Fiscalía, antes del verano, a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa del sector que los sindicatos de la seguridad privada relacionan también con Ramírez, algo que niega el empresario

Ramírez ya tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda.

Largo e impune  historial delictivo

La intervención del gobierno español contra Ramírez, tiene una especial trascendencia ante la impunidad con la que Ramírez ha repetido sus actos delictivos, entre los que se encuentra la persecución y el despido de los representantes sindicales en sus empresas. Tanto es así que  el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria, "en connivencia con Ramírez", (según afirman círculos sindicales), llegó a condenar el pasado mes de enero al delegado sindical Jacinto Ortega y a su sindicato (Intersindical Canaria) en el sector de la seguridad privada, a indemnizar al propietario de Seguridad Integral Canaria, con 4.000 euros por haberlo llamado "corruptor", con motivo de una rueda de prensa que varias organizaciones ofrecieron para criticar las prácticas laborales de la empresa que dirige Ramírez.

Ahora, la actuación gubernamental, junto a otras anteriores, según afirman fuentes sindicales, "dejan con el culo al aire a Ramírez y al juez que le auxilió", en la campaña para silenciar a los representantes de los trabajadores. 

El empresario Miguel A. Ramírez, ha evadido hasta la fecha todas las condenas que le han sido impuestas por fraude al fisco o por otros  delitos de carácter social.

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Cambio climatico 

Opinión

Los hechos

demuestran ...

Huelga 14 Nov 2012que la organización y unidad de los trabajadores, es la herramienta más efectiva para la protección de sus derechos y avanzar en su dignificación laboral y social. Todo los grandes retrocesos sufridos por los trabajadores han coincidido con su desmovilización y apatía, todos los grandes avances de la clase trabajadora han sido acompañados de procesos de unidad laboral y lucha sindical. La forma natural y más efectiva de concentración de fuerzas para que se nos respete está en los sindicatos como organizaciones de los trabajadores.