Más que palabras

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breve laboral

Breve laboral

 

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PRESCINDE DE LA EMPRESA PI-RATA RALONS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rescindió el contrato de limpieza de escuelas y centros formativos a la empresa Ralons, después de que debiera hasta tres salarios a sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó esta medida de emergencia para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, las sedes de la Uni-versidad Popular, las sedes de la Escuela Municipal de Educación Musical y los cen-tros de promoción sociocultural adscritos a la sección de Educación, que pasaran a manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

 

La MITAD DE LAS HORAS EXTRAS NO LAS ABONA EL EMPRESARIO

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado espa-ñol hay 797.000 trabajadores que realizan horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del to-tal de asalariados), de los que casi la mitad no cobra ni cotiza por ellas. A partir del día 12 de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a comprobar si las empresas cuentan con un registro de jornada.

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EL TRASTORNO DEPRESIVO DE UNA MÉDICA RECONOCIDO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el trastorno depresivo que motivó la baja de una médica del Servicio Canario de Salud tiene su origen en las condiciones laborales de la de-mandante y, más en concreto, de la sobrecarga de trabajo. La trabajadora denunció atender un promedio de 50 pacientes al día. Las consecuencias del fallo son el incre-mento de la prestación que recibe la demandante del 60% al 75% por contingencia profesional. Además, abre la puerta a recibir una posible indemnización.

 

ACUERDO SINDICAL CON CAIXABANK

Con unas dos mil extinciones forzosas y movilidad geográfica, la mayoría sindical firmó un acuerdo estatal con la dirección de Caixabank que deja en manos de la Empresa los criterios para proceder al libre traslado de los trabajadores hasta a una distancia de 75 Km (inicialmente 25 Km) de su anterior puesto de trabajo. La entidad negoció un ERE con la Empresa que afecta a 2013 trabajadores del conjunto del Estado.

Memoria


Sin rodeos

Otro charrasquido del gobierno y sus figurantes sindicales

Con la tardía recuperación de la jornada laboral y la reducción horaria de los trabajadores de la  Sanidad y la Educación pública, el gobierno de Clavijo se vuelve a retratar mostrando su verdadero perfil mezquino y fullero. Es sobradamente conocido que desde que se implantase la prolongación de la jornada laboral en el sector público, Intersindical Canaria, frente a la desgana del resto de sindicatos, ha mantenido en solitario la presión para exigir del Gobierno canario la restitución de este y otros derechos hurtados a los trabajadores. La teatralización de la firma del “acuerdo” entre el presidente Clavijo y las direcciones de los sindicatos godos CC.OO, UGT y CSIF, por la que los trabajadores públicos recuperarían su jornada laboral, resulta una escenificación bufa de malos actores que suplantan el mérito ajeno, para lo cual, además, el Gobierno prescinde ilegal y descaradamente de la organización mayoritaria en el sector público y veta la presencia de Intersindical Canaria como verdadera artífice de la capitulación gubernamental. Una vez logrados nuestros objetivos en favor de los trabajadores, auguramos tras esta farsa una nueva caída en la ya precaria credibilidad de Coalición Canaria y de sus escuderos sindicales.

 

img 1326La racionalización de la jornada laboral, ha venido siendo la reivindicación prioritaria del STECEl STEC-Intersindical Canaria lleva un mes diciéndole al Gobierno de Canarias que el estado ya ha autorizado a las comunidades autónomas a emplear el superávit

Desde el primer momento el STEC-IC ha sostenido que la falta de recursos para implantar la reducción de horario lectivo al profesorado, en consonancia con lo establecido tanto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 como en la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, no es más que una burda excusa del Gobierno de Canarias para desviar la atención sobre dicho asunto hacia el gobierno del estado en un desesperado intento por eludir su incapacidad como responsable último del destino que se da a los presupuestos de Canarias.

Una prueba palmaria de que el Gobierno de Canarias no ha estado contando toda la verdad sobre este asunto desde un principio es el hecho de que finalmente para el personal del Servicio Canario de Salud sí han buscado recursos económicos para recuperar la jornada laboral a 35 horas semanales a pesar de que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, igual que en el caso de los docentes, condicionaba su implantación a que el Estado autorice a Canarias a gastar el superávit de ejercicios anteriores. Así pues, los docentes son ya los únicos empleados públicos de nuestra comunidad autónoma que no han recuperado la jornada anterior a los recortes, lo que supone una discriminación inadmisible hacia este colectivo profesional.

 

Desde Intersindical Canaria, hemos exigido en multitud de ocasiones al Gobierno de Canarias que busquen una vía alternativa a la falta de presupuesto estatal y que la planificación del curso próximo se realice contando con la reducción del horario lectivo hasta las 18 horas en secundaria y 23 en Infantil y Primaria con el objetivo de que el próximo 1 de septiémbre tales horarios sean, por fin, una realidad. Sin embargo el Gobierno de Canarias sigue escudándose en que debe ser el Estado quién aporte la financiación.

No discutimos  el legítimo derecho que asiste al Gobierno de Canarias para reclamar al estado la financiación que corresponda dentro de los acuerdos Canarias-estado. Sin embargo, entendemos que es una temeridad y una falta de sensibilidad inadmisible hacia el profesorado, y hacia toda la comunidad educativa canaria, que el Gobierno de Canarias eluda las competencias que como responsable último de la educación en Canarias le corresponde.

Por otra parte el STEC-Intersindical muestra su satisfacción porque el Presidente Clavijo y su gobierno, pasadas ya las elecciones estatales que tan ocupados y alejados les tenían de los problemas de canarias, hayan tenido tiempo para leer el Real Decreto - Ley 10/2019 de 28 de marzo (BOE de 30) y que se hayan percatado de que hace más de un mes que el gobierno estatal autorizó a las comunidades autónomas a gastar el superávit de ejercicios anteriores en gasto social no financiero.

En este sentido, insistimos, una vez más, en que se detraigan del presupuesto educativo todas aquellas partidas que tengan carácter finalista y que, por tanto, no supongan incremento del gasto financiero al no comprometer los presupuestos de ejercicios sucesivos. Dichas partidas son las que pueden ser sufragadas con cargo al superávit según lo establecido en el RD-L 10/2019. Quedando, por tanto, disponibles las partidas ordinarias inicialmente consignadas a esos gastos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. Esas partidas, que ahora quedan disponibles, son las que el Gobierno de Canarias puede reasignar al capítulo I (personal) dentro de la propia Consejería de Educación.

Es decir, el superávit no puede destinarse a contratar más docentes pero sí al mantenimiento de centros, equipamiento, becas, programas de formación y otros programas de carácter finalista que no implican continuidad del gasto al año siguiente. En cambio, el dinero que inicialmente se había presupuestado a esos epígrafes, sí se puede sacar de ahí y destinarse a contratar el profesorado necesario para que la reducción horaria sea una realidad el uno de septiembre. Como siempre hemos mantenido, todo es cuestión de voluntad.

 

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Opinión

 

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